WASHINGTON.— Estados Unidos impuso sanciones el jueves a dos empresarios colombianos y a tres hijastros del presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntamente integrar una sofisticada red que robó cientos de millones de dólares en contratos para importar alimentos mientras una hambruna aquejaba a buena parte de la población en el país sudamericano.

La organización sancionada estaba presuntamente encabezada por Alex Saab, un desconocido empresario colombiano que lleva años en la mira de las autoridades estadounidenses por amasar una enorme cantidad de contratos con el gobierno socialista de Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Saab de usar una red de empresas fantasmas en tres continentes para ocultar las ganancias exorbitantes obtenidas a través de contratos por alimentos y oro ganados sin licitación.

“Saab se involucró con allegados a Maduro para encabezar una amplia red de corrupción que usaron inescrupulosamente para aprovecharse de la población venezolana hambrienta», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

“Usan la comida como un mecanismo de control social para premiar a simpatizantes y castigar a opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de estructuras fraudulentas».

Saab obtuvo algunos contratos sobornando a Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos que la primera dama Cilia Flores tuvo en una relación previa a Maduro.

Fiscales en Miami abrieron una investigación sobre los apodados “Los Chamos» por presuntamente integrar un red que desvió 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA, dos personas conocedoras de la pesquisa dijeron a The Associated Press.

Mientras el gobierno de Donald Trump busca reanimar los esfuerzos por remover del poder a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, ha impuesto sanciones sobre parientes de funcionarios leales a Maduro y acusados de corrupción.

El mes pasado congeló los activos de Nicolás Maduro hijo, integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

Las sanciones ya incluyen a más de 100 funcionarios y allegados acusados de corrupción, violación de derechos humanos y narcotráfico, incluyendo a Maduro y a su esposa, conocida como la “Primera Combatiente».

Una investigación publicada por The Associated Press en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y oficiales militares se enriquecían desviando dinero destinado a importar comida.

A medida que la hambruna ha aumentado, Maduro ha ejercido un control aún mayor sobre la distribución de alimentos, repartiendo cajas que los críticos tildan de control social.

Las autoridades estadounidenses creen que Saab surgió hace una década tras suscribir un acuerdo para construir viviendas de interés social para el gobierno venezolano.

En 2011 apareció en la televisión estatal junto a Maduro, y los entonces presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia.

Junto a su socio y paisano Álvaro Pulido incursionó en el área de alimentos a través de Group Grand LTD., una empresa con sede en Hong Kong y una de las 13 sancionadas el jueves.

Pese a que no contaba con experiencia en esa industria, la empresa rápidamente percibió contratos —por cientos de millones de dólares— para importar alimentos a nombre de un conocido programa social.

Los víveres importados conformaban el contenido de las cajas CLAP, conocidas por las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, las cuales son distribuidas como una respuesta del gobierno de Maduro a lo que describe una “guerra económica», de la cual culpa a Estados Unidos para removerlo del poder.

Richard Díaz, un abogado de Saab en Miami, no respondió de inmediato a una solicitud de AP para que efectuara comentario.

La AP no pudo contactar a los hijastros de Maduro. A medida que la crisis política y económica en Venezuela se ha profundizado, las cajas CLAP se han vuelto esenciales para millones de personas aquejadas por la escasez crónica de productos de primera necesidad y una hiperinflación que el año pasado alcanzó el 130,000%. Pero los críticos acusan a Maduro de manipular el programa al distribuir las cajas principalmente a empleados gubernamentales y simpatizantes.

Las acusaciones han llevado a varios gobiernos latinoamericanos, Canadá y Francia a pedir a la Corte Penal Internacional que juzgue a Maduro por crímenes de lesa humanidad. A medida que Saab y Pulido cobraron influencia, las autoridades estadounidenses le prestaron cada vez más atención en la estrategia de golpear a los funcionarios venezolanos donde más les duele: el bolsillo.

El subsecretario de Tesoro dedicado a combatir el financiamiento del terrorismo, Marshall Billingslea, lleva dos años investigando la red Saab-Pulido y recorriendo la región para recabar información bancaria y comercial de países diversos.

Al tiempo que se incrementaba la presión sobre los dos hombres, las autoridades estadounidenses sostenían que la red se dedicó a nuevas actividades como la importación de medicinas, el traslado de petróleo y el contrabando de oro de minas ilegales en el sur de Venezuela para venderlo en Europa, África y Medio Oriente.

“Alex Saab está involucrado en casi cada actividad ilícita en Venezuela,“ dijo Carlos Paparoni, un legislador opositor que ha investigado al empresario desde 2017. “Las sanciones de hoy ayudarán a garantizar que el dinero perteneciente a los venezolanos no sea robado de nuevo».