Alexis Rafael Peña.
En la pasada Conflictos y Mediaciones plantee vía el eldia.com.do, que Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) había invertido la suma de US$778 mil millones de dólares en armamentismo. Mientras para impulsar proyectos de fortalecimiento institucional en la República Dominicana, llegó a un acuerdo con el presidente Luis Abinader, por 251 millones de dólares a 5 años.
Dicho recursos serán administrados vía la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), que según las notas publicadas en los medios de comunicación, la americana USAID ha aportado desde 1962 a la fecha, la suma de tan solo US$1,800 millones de dólares en 60 años.
Pero dónde está la perla de la información, es que esos 251 millones de dólares serán en proyectos a 5 años, no para este 2021. Estos recursos según las autoridades americanas y dominicanas, son para ejecutar proyectos de desarrollo en el país.
Ante lo descrito me surge una pregunta, Haití para cuando, esa potencia mundial podría destinar recursos para organizar ese país y regularizar organismos del Estado, para enfrentar la pobreza y el desorden institucional.
Bueno, esa es otra historia. Aunque sectores opuestos a ese pobre “país” consideran la no injerencia.
Dicho acuerdo enfoca que esos recursos económicos, son para abordar la reforma de la Policía Nacional, luchar para evitar la corrupción estatal, seguridad ciudadana, la transparencia; entre otros temas prioridad de Norteamérica. Debieron incluir la formación en mediación comunitaria y de resolución alternativa de conflictos (Rac) para líderes de las organizaciones comunitarias, vecinales y de la sociedad civil.
Ese acuerdo se firmó aún el Departamento de Estado de ese país, decir que en la República Dominicana permea la corrupción y la falta de transparencia en casi todos los procesos administrativos.
Aunque Estados Unidos que para el encargado de negocios de la Embajada Americana en el país, no son para que República Dominicana pague favores a cambio de la donación. Así debería ser.
Como es de conocimiento de las personas lectoras de esta columna periodística, hemos dicho en otras publicaciones, que la USAID ha sido la agencia propulsora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MARCs) en el país. En donde impulsó vía la Procuraduría General de la República, la Mediación Comunitaria en el barrio María Auxiliadora del Distrito Nacional.
Además, en diciembre 28 del 2005, hizo público en un espacio pagado en el periódico Hoy, una capacitación para futuros mediadores para sectores de la sociedad civil, sector justicia y ejecutivo. En donde en el 2006, se graduaron 69 personas como mediadores.
Entendemos en Conflictos y Mediaciones, que ese país debería continuar difundiendo estos mecanismos pacíficos de solución de conflictos en Latinoamérica. En donde esos miles de millones de dólares que invierte cada año en armas para promover la violencia en el mundo, muy bien pudieran utilizarse para combatir la pobreza, la violencia, educación, la democracia participativa y transparencia.
Que notición sería la publicación en las agencias de noticias internacionales informaran al mundo, que los miles de millones de dólares utilizados por los Estados Unidos de Norteamérica serán dedicados en los próximos 40 a 50 años, para combatir el desempleo, pobreza, el calentamiento global y el suministro de alimentos a mas de mil millones de personas que están bajo la pobreza extrema.
Pero también los Estados Unidos con el acompañamiento de la USAID, podría darle sostén económico y seguimiento a la Ley 12-01, Estrategia Nacional de Desarrollo, en donde se destaca unos objetivos de desarrollo por diversas vías y los compromisos del Estado, sociedad civil y empresarios a un país justo, democrático y promotor de la paz social a través de la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), en la que promueve la convivencia de la ciudadanía con la apertura de Centros de Mediación y la formación de mediadores.
Tal vez esos 251 millones de dólares sean para la apertura de Centros de Mediación en todo el territorio nacional, en sus 158 municipios, distritos municipales y las 32 provincias, con personas no voluntarias, sino pagadas.
