Foto de archivo.
Washington.– El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene previsto liberar durante estos días a 6.000 presos y entregar 1.700 a las autoridades migratorias para que ellas decidan si estos ciudadanos extranjeros que cruzaron ilegalmente la frontera deben de ser deportados o retenidos en centros de detención.
Un portavoz del Departamento de Justicia indicó hoy a Efe que la entrega de los presos indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) comenzó este viernes y continuará el lunes.
La liberación de presos, que será la mayor producida de una sola vez en EE.UU., responde a una decisión de la Comisión de Sentencias del Gobierno estadounidense, que el año pasado decidió reducir las penas por delitos relacionados con la posesión, consumo o venta de drogas.
La Comisión de Sentencias decidió que el cambio tuviera un carácter retroactivo, de forma que personas ya encarceladas pudieran beneficiarse de esta nueva medida destinada a aliviar la superpoblación de las cárceles del país, donde viven 2,2 millones de personas.
Según la Comisión de Sentencias, la liberación de los presos, que se decidió en noviembre de 2014, se ha retrasado un año para trazar un plan de cooperación con diferentes instituciones del Gobierno, como el ICE, que ahora tendrá que decidir sobre la deportación de los 1.700 extranjeros que serán excarcelados.
Estos ciudadanos también podrán ser internados en los centros de detención para inmigrantes indocumentados, que el mandatario de EE.UU., Barack Obama, clausuró poco después de su llegada a la Presidencia, en 2009, pero decidió reabrir el año pasado tras el gran número de familias que cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Cuando la Comisión de Sentencias tomó su decisión hace un año, estimó que en los días anteriores y posteriores al 1 de noviembre de 2015 saldrían de prisión 6.112 personas de las que un tercio (1.764) son inmigrantes indocumentados que cumplen condena por delitos de venta y tráfico de estupefacientes.
Según datos de entonces, el 77 % de los reos que serán excarcelados ya vive bajo condiciones de arresto domiciliario o libertad vigilada en centros de rehabilitación.
Los ciudadanos que saldrán de diferentes penales del país recibieron condenas de prisión de 10,5 años de media y, como producto de la decisión del Gobierno de EE.UU., habrán pasado 8,5 años en prisión en el momento de su liberación.
Esta iniciativa se engloba dentro de la reforma de la justicia penal que está impulsando Obama con el objetivo de acabar con el hacinamiento en las cárceles de EE.UU., que tiene una tasa de encarcelamiento mayor que la de China, según datos oficiales.
La reforma del sistema criminal se ha convertido en una de las prioridades del segundo mandato de Obama, que quiere acabar con las elevadas condenas por delitos de drogas que la Justicia impone desde que en la década de 1980 el Congreso impulsará cambios legislativos para combatir la epidemia del “crack”, que disparó el número de robos y asesinatos.
La última liberación masiva de presos se produjo en 2010, después de que Obama firmara la Ley de Sentencias Justas con el objetivo de reducir la disparidad entre las penas por tráfico de “crack”, popular entre los afroamericanos, y posesión de cocaína en polvo, más consumida por los blancos.
La Casa Blanca apoyó este mes uno de los proyectos legislativos que debate el Congreso, el único con capacidad para reformar el sistema penal y que propone cambiar algunos de los puntos de la actual legislación penal, que obliga a los jueces a imponer condenas de decenas de años de prisión por delitos de drogas no violentos.
