La Casa Blanca defendió este domingo la legalidad de la incursión de la Guardia Costera de Estados Unidos en el petrolero Centuries, interceptado cerca de aguas venezolanas, al asegurar que la embarcación formaba parte de la llamada “flota en la sombra” utilizada para traficar con crudo venezolano sancionado y financiar al gobierno de Nicolás Maduro.
Según explicó Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, el buque transportaba petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y operaba bajo una “falsa bandera”. A través de un mensaje publicado en la red social X, Kelly afirmó que el Centuries era parte de una red marítima clandestina destinada a “traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Maduro.
Las declaraciones respondieron a informaciones difundidas por The New York Times y The Washington Post, que cuestionaron la legalidad de la intervención y señalaron que el petrolero pertenecería a una empresa con sede en China, dedicada al transporte de petróleo venezolano hacia refinerías de ese país. De acuerdo con The New York Times, el Centuries navega bajo bandera panameña, a diferencia del petrolero Skipper, abordado el pasado 10 de diciembre y que sí figuraba en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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En el caso del Skipper, las autoridades estadounidenses indicaron que el buque utilizaba una falsa bandera de Guyana y que existía una orden judicial que autorizaba su inspección. Para el abordaje del Centuries, fuentes citadas por The Washington Post señalaron que EE. UU. se amparó en el denominado “derecho de visita”, una norma del derecho marítimo internacional que permite inspeccionar una embarcación ante sospechas de actividades ilícitas, incluso sin una orden específica.
El gobierno de Venezuela condenó la operación, calificándola de “robo”, “secuestro” y “acto de piratería”, y denunció la “desaparición forzada” de la tripulación. En un comunicado oficial, Caracas acusó a Estados Unidos de violar el Derecho Internacional y anunció que presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Funcionarios estadounidenses consultados por la agencia Reuters afirmaron que la incautación se enmarca en la estrategia de sanciones internacionales contra entidades y embarcaciones vinculadas al gobierno de Maduro, con el objetivo de frenar el comercio ilícito de petróleo y reforzar la seguridad marítima en la región.
La campaña de presión de EE. UU. incluye un mayor despliegue militar en el Caribe, acciones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico y advertencias directas al régimen venezolano. Desde mediados de diciembre, el tráfico petrolero de Venezuela se ha visto afectado, con varios buques a la espera de atracar y una reducción de la actividad portuaria por temor a nuevas incautaciones, según reportes de medios estadounidenses.
El petróleo continúa siendo la principal fuente de ingresos de Venezuela, al generar históricamente más del 90 % de sus divisas. La presión internacional ha obligado al país a vender su crudo con descuentos significativos, principalmente a China, y a recurrir a reservas para sostener su economía. La flota que transporta este petróleo opera en gran medida de forma clandestina y está compuesta por cientos de buques antiguos, muchos de ellos también involucrados en el traslado de crudo sancionado de Rusia e Irán.
