SCJ: trabajador puede solicitar revisión de salario si cambian modalidades de prestación laboral
SANTO DOMINGO.-El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos en la República Dominicana, en el que cita que en el país la influencia política y económica indebida en las decisiones de los juzgados civiles y penales sigue siendo un problema.
De acuerdo al informe, los tribunales comerciales y civiles dominicanos tuvieron demoras prolongadas en la adjudicación de casos, aunque sus decisiones finales generalmente se aplicaron.
El informe del Departamento de Estado señala que el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad, además de que la influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada.
“La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial era un problema grave”, agrega.
Además precisa que los ciudadanos tienen el recurso de presentar un amparo, una acción para buscar reparación de cualquier violación de un derecho constitucional, incluidas las violaciones de los derechos humanos, pero que ese “remedio” fue utilizado con poca frecuencia y solo por aquellos con asesoría legal sofisticada.
El informe refiere que en la República Dominicana existen sistemas judiciales separados para el derecho penal, el derecho mercantil y civil y el derecho laboral.
En el sistema penitenciario, indica que el hacinamiento fue un problema en las cárceles de modelos antiguos y que la Dirección de Prisiones informó que, a partir de septiembre, había 17.428 prisioneros en las cárceles de modelos antiguos y 9.354 en los CRC, una proporción que se mantuvo constante durante los últimos años porque las cárceles de modelos antiguos no se habían eliminado.
Menciona que La Victoria tenía 7,758 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2,011 privados de libertad.
En total, la población de reclusos en las 19 cárceles del antiguo modelo excedió la capacidad, mientras que solo uno de los 22 centros del nuevo modelo superó su capacidad.
Policías y militares
— Tribunales
El informe indica los tribunales militares y policiales comparten jurisdicción sobre casos que involucran a sus miembros, y que tienen jurisdicción sobre los casos de violaciones de las normas y reglamentos.
