El gobierno de Estados Unidos rechazó este lunes las acusaciones de que está ayudando a organizar a manifestantes en Venezuela.
En un escueto comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó las acusaciones de «infundadas y falsas» y le pidió al gobierno venezolano que entable un «diálogo significativo» con todas las partes.
«Nosotros apoyamos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la manifestación pacífica, tanto en Venezuela como en países en todo el mundo», dijo Psaki.
«Pero, como llevamos tiempo diciendo, el futuro político de Venezuela debe ser decidido por el pueblo venezolano».
La reacción del Departamento de Estado se produjo poco después de que el canciller venezolano, Elías Jaua, confirmara la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses – Breeann Marie McCusker, Jeffrey Gordon Elsen y Kristofer Lee Clark- y acusara a Estados Unidos de financiar a grupos juveniles de oposición.
«Acción irregular»
Sobre las acusaciones de Venezuela a Estados Unidos, la viceministra venezolana para América del Norte, Claudia Salerno, le dijo a BBC Mundo que los tres representantes consulares estaban involucrados en una «acción bastante irregular» para ofrecer visas estadounidenses a estudiantes venezolanos.
Salerno se refirió a un programa «que ha venido desarrollando sistemáticamente el gobierno de EE.UU. para llevar estudiantes a ser formados en acciones políticas» que luego terminan teniendo un «efecto concreto» en Venezuela.
La funcionaria también criticó la reacción del gobierno estadounidense a la situación en su país, en especial un reciente comunicado del secretario de Estado, John Kerry.
Kerry reiteró la preocupación «profunda» de Washington y dijo que el país está «particularmente alarmado» por los informes que hablan de la detención de manifestantes por parte del gobierno venezolano, así como la orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López.
«El hecho de que el estado detenga a personas in fraganti en situaciones de vandalismo no puede ser considerado por el gobierno de Estados Unidos una violación de los derechos humanos», dijo Salerno.
«Cómo se atreve el gobierno de Estados Unidos a dictarle la cartilla a Venezuela de buena conducta y de práctica».
Según explica el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, esta no es la primera vez que Estados Unidos y Venezuela se enfrentan por lo que el país sudamericano considera es una injerencia estadounidense en sus asuntos internos, acusación que Washington siempre ha rechazado.
Los dos países habían iniciado en junio del año pasado un proceso para regularizar sus relaciones diplomáticas, que se deterioraron durante los 14 años de Hugo Chávez en el poder, pero poco después el gobierno venezolano lo dio por terminado tras unas declaraciones de Samantha Power, quien en ese entonces era candidata a la embajada de Estados Unidos ante Naciones Unidas.
Y unos meses antes de eso, Washington había indignado a Caracas tras apoyar las demandas de la oposición venezolana para que se realizara un nuevo conteo de votos en las elecciones para reemplazar al presidente Hugo Chávez.
Tampoco es la primera vez que Venezuela expulsa a diplomáticos estadounidenses. Como recuerda nuestro corresponsal, el gobierno expulsó en septiembre del año pasado a tres funcionarios de la embajada en Caracas, así como a dos agregados militares pocas horas antes de anunciar la muerte de Chávez.
Resumen de la jornada
En el sexto día de manifestaciones en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro, existe una gran expectativa acerca de lo que pueda ocurrir en Venezuela -y en especial en Caracas- este martes 18 febrero, día en el que se espera vuelvan a salir a las calles opositores y oficialistas.
Rodríguez anunció además que mañana se llevará a cabo un concierto «por la paz, la vida, el futuro» en la Plaza Venezuela (centro de Caracas), el mismo lugar donde inicialmente esperaban reunirse los opositores antes de que el punto de partida fuese cambiado a Chacaíto, en el este.
A propósito, el ministro del Interior venezolano Miguel Rodríguez Torres afirmó que López no tiene nada que hacer en la sede del ministerio: «Que se presente en otro lado porque el ministerio no tiene nada que ver con la orden que se emitió en su contra».
Este lunes varias decenas de jóvenes marcharon en Caracas hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para reclamar que se respete la libertad de expresión y el derecho constitucional a la protesta. También hubo manifestaciones opositoras en otras ciudades del país.
En horas de la tarde, el partido Voluntad Popular denunció que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DIM) allanaron la sede del partido en Altamira, «provocando daños materiales y apuntando con armas de fuego a dirigentes», según se lee en su cuenta oficial de Twitter.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó a través de sus cuentas en redes sociales el allanamiento, luego de que más temprano dijera a una emisora de radio local que consideraba «un gran error» plantear a algunos sectores del país la expectativa de que se podría salir del gobierno de Maduro a través de las marchas que han sido convocadas en los últimos días.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) manifestó en un comunicado «su enérgico rechazo» a los recientes actos de violencia ocurridos en Venezuela y reafirmó su compromiso «con la preservación de la institucionalidad y los principios democráticos», mientras que la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) emitió una declaración en la que anunció el envío a Venezuela de una misión de su Observatorio de la Democracia para apoyar en la resolución de los problemas internos.
Mientras López ha reiterado su convocatoria a una marcha hasta el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), donde hará frente a la orden de captura en su contra según sus propias declaraciones, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la movilización no está autorizada.
