El debate público se ha vuelto a agitar ante la disposición del Ministerio de Educación en su orden departamental 33-2019, para impulsar la educación en equidad de género en el sistema educativo dominicano. Increíblemente, algunos parecen ver en ello una amenaza al bienestar de la sociedad.
Miedo, ira, agresividad y ofensas componen su discurso, como si se estuviese hablando de una guerra entre enemigos y no de construir un país mejor.
¿Educar en equidad atenta contra el orden político y social dominicano? Es en nuestra Constitución donde se establece, en su artículo 39, que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
Agrega dicho artículo que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley (…). Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”.
Nuestro bienestar y seguridad no se ven amenazados porque eduquemos y construyamos la equidad social, sino al contrario.
La crisis ética y el quiebre espiritual de la sociedad dominicana tienen su base en que esta sigue siendo profundamente deshumanizada, llena de ilegalidades e impunidad, injusta y abusiva, así como negadora de derechos y repelente al ejercicio de la ciudadanía activa.
Los anhelos de Hostos, Ercilia Pepín, Bosch, las Mirabal y quienes lucharon en 1965 están pendientes y postergados.
Esto es especialmente serio en el caso de las mujeres, y puede verificarse en los datos de participación política, feminicidios y pobreza.
Las mujeres solo ocupan 3 de los 22 cargos de ministros, y solo el 22% de los cargos de elección popular. Entre 2005 y 2018, 1,356 dominicanas fueron víctimas de feminicidio, es decir, asesinadas por su condición de mujer. Y las mujeres ganan peor salario que los hombres en todos los grupos y categorías, provocando que el 51% de ellas y sus familias tenga ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Es esto lo que debería causar repudio y escándalo, no que se busque corregirlo y superarlo educando más y mejor a nuestros niños, niñas y jóvenes.
La propia Constitución nacional en su artículo 63 señala: “La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos”.
La educación para la equidad, en su más amplia comprensión, incluyendo la equidad de género, es un deber ético imprescindible e impostergable, como fundamento de la sociedad democrática y justa que queremos, y como deuda con nuestras luchas históricas.
La educación en equidad no se trata de imponer ni adoctrinar, sino todo lo contrario: es enseñar y cultivar el sentido de humanidad, respeto, dignidad, paz, amor, solidaridad, tolerancia y búsqueda de la justicia, para uno mismo y para los demás.
Toda opinión es respetable, pero ningún grupo particular puede imponerse por la fuerza y el miedo al bien general.
El sistema educativo, por cuya dignidad y calidad nuestro pueblo ha luchado durante décadas, no puede sino involucrarse de lleno en este propósito nacional.
Lejos de un peligro, es una tarea primordial para sostener la Constitución, lograr el pleno Estado social y democrático de derecho, y alcanzar un país más humano, como quiso Duarte cuando dijo: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”.
