QUITO.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó el lunes el anuncio del presidente Guillermo Lasso de reducir en 10 centavos de dólar los precios de la gasolina y el diésel y lo calificó de insensible e insuficiente, mientras el paro nacional convocado por ese sector cumple dos semanas en medio de violentas manifestaciones.
Un comunicado de esa organización, la mayor de su tipo, señaló que el anuncio “no se compadece con la situación de pobreza que afrontan millones de familias” y aseguró que pese a la respuesta “represiva del Estado .. nos hemos mantenido firmes y seguimos demostrando a Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha”.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó el lunes que los delitos cometidos en el marco de estas dos semanas de manifestaciones han sido judicializados y que la Fiscalía investiga unos 42 casos.
Carrillo dio cuenta de tres fallecimientos como causa directa de las protestas y dos por motivos accidentales y muerte natural, 28 secuestros de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas -que ya se encuentran en libertad-, 175 policías heridos de gravedad, 30 unidades de vigilancia policiales destruidas y la pérdida de 30 vehículos de la institución, además del robo de armamento.
Indicó que pese a la eliminación del estado de excepción la fuerza pública mantiene los dispositivos de seguridad.
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El lunes se registraba un descenso de cierres viales de 350 al inicio de las manifestaciones a 77, mientras unas 1.500 personas participan en actividades de protesta frente a las 15.000 que se registraban anteriormente. Tras el anuncio de la reducción de los precios, Lasso afirmó que “los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida.
Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, todos la fuerza de la ley” y convocó al país a volver a la normalidad. El paro de los indígenas, que ha afectado principalmente a las provincias del centro norte andino con férreos bloqueos de las principales carreteras, especialmente la Panamericana, ha causado desabastecimiento de alimentos, gasolina y gas de uso doméstico y la imposibilidad de circular por el país. En Quito se han registrado violentas marchas y choques con agentes del orden, ataques a vehículos privados y saqueos a pequeños negocios.
Lasso también anunció el aumento del presupuesto para la educación, la condonación total de los créditos vencidos de los agricultores en un banco estatal, la declaración de emergencia del sistema público de salud -con el propósito de dotarlo de medicinas y equipos-, entre otros pedidos que estaban entre los 10 puntos que exigían los indígenas.
La situación se produce cuando la Asamblea debate un pedido de destitución del presidente Lasso planteado por el partido Unión por la Esperanza vinculado con el mandatario Rafael Correa (2007-2017), el que parece tener pocas posibilidades de cumplirse debido a que no cuenta con el respaldo de al menos 92 legisladores requerido por la constitución.
Durante el fin de semana, en la capital y otras ciudades no se registraron marchas ni acciones de violencia como fue usual en los últimos días, aunque la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital, se encuentra sin gasolina, gas de uso doméstico ni oxígeno de uso hospitalario. De acuerdo con estimaciones del gobierno, las protestas indígenas han causado más de 500 millones de dólares en pérdidas económicas en los sectores público y privado hasta el fin de semana, cuando el Ministerio de Energía ha señalado que Ecuador está a punto de suspender todas las actividades petrolíferas a causa del paro.
El petróleo es el mayor producto de exportación del país, a cuya caja fiscal aporta alrededor del 30% de los ingresos. Un número significativamente menor de manifestantes permanecen concentrados en las universidades Central y Salesiana, pero grupos menores han llegado a las casas de los legisladores que debaten la destitución de Lasso para presionarlos a que voten a favor de esa propuesta.
El titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, pidió el lunes a sus bases “nuevamente con fuerza salir a las calles, pero de manera pacífica”, hasta que el gobierno atienda sus demandas. Según cifras oficiales las protestas han dejado cuatro muertos y centenares de heridos entre manifestantes, policías y militares.
