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QUITO.— Un acuerdo con el gobierno puso fin el jueves a las movilizaciones y protestas de los indígenas que por 18 días han paralizado virtualmente a Ecuador.
El pacto, que incluye una reducción de los precios de los combustibles y otras concesiones, fue firmado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el dirigente de los indígenas, Leonidas Iza, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Cabrera, que actuó como mediador.
Previo a la firma del acta, Iza pidió tiempo para consensuar con los dirigentes regionales la aceptación de los términos del acuerdo propuesto, y tras la cita se pidió incluir algunos puntos exigidos con anterioridad.
Cuando los dos representantes de los indígenas ya habían firmado el acta, Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, se negó a hacerlo mientras era presionado por sus propias bases y por los otros dirigentes.
Finalmente lo hizo. El acuerdo incluye, entre otros puntos, que la gasolina bajará de 2,55 a 2,40 dólares el galón y el diésel de 1,90 a 1,75; que no se extenderá la frontera petrolífera y que no se realizarán actividades mineras en áreas protegidas, parques nacionales y fuentes hídricas.
Ahora el gobierno tendrá un plazo de 90 días para entregar soluciones a los reclamos de los indígenas tras el prolongado paro y las protestas violentas. Al menos cuatro personas murieron en hechos asociados a violentos incidentes, según las autoridades.
Iza aseguró que se debe reconocer los puntos que se han avanzado en la lucha “pero hay puntos pendientes y puntos rojos con los que no estamos de acuerdo, pero por pacificar el país tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos en que si hemos triunfado”.
Advirtió que “si las políticas del Estado no resuelven el problema de los pobres entonces los pueblos se levantan. importante que podamos tener claridad en este proceso”.
Jiménez afirmó que “sabemos que tenemos un país con muchas fracturas, con muchos problemas, con injusticias sin resolver, con importante sectores de la población que aún están muy relegados”, y prometió que el gobierno trabajará para construir un país de paz, justo y equitativo.
Ambas partes habían empezado el lunes un diálogo que estuvo a punto de desembocar en una salida definitiva, pero la madrugada del martes un presunto ataque indígena a un convoy de combustibles custodiado por uniformados, que dejó un militar muerto y 12 agentes heridos, motivó al gobierno a abandonar las negociaciones.
Desde el 13 de junio esa Confederación, declararon un paro nacional en demanda de la reducción del precio del combustible desde 2,55 dólares el galón a 2,10 dólares, aumento del presupuesto para la salud y la educación y la fijación de precios de los productos agropecuarios como parte de 10 demandas.
Por presión de los empresarios, los productores y los mismos agricultores -que a diario deben desechar millones de dólares en productos perecederos- y de la sociedad civil que padece desabastecimiento de alimentos, gas y combustible, las partes accedieron a volver a una mesa de negociación.
Las protestas se han caracterizado por férreos bloqueos de vías que impiden el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. Uno de los efectos ha sido una escalada de precios de los pocos productos comestibles que llegan a las ciudades, especialmente del centro norte andino, una de las zonas más afectadas por el paro.
