Daris Javier Cuevas.
A la luz de los elementos constitutivos del poder, en el siglo V antes de Cristo, en Atenas se acuñó el término democracia, la cual se interpreta como el poder del pueblo, es decir, que el soberano ejerce su poder a través del gobierno. Pero, a su vez, este se convierte en el mecanismo mediante el cual se legítima la participación en la toma de decisiones políticas.
Como se sabe, el poder descansa en las funciones naturales asignadas al Estado, tal como son las de dictar las leyes para regular las relaciones sociales y velar por su cumplimiento, a través del poder judicial. Por tales razones, corresponde al Estado asumir la responsabilidad del orden, la seguridad interior y frente al exterior, en caso de atropello, guerra o atentado proveniente de otro Estado.
Es en tal contexto que en el marco de las funciones del Estado están la competencia exclusiva en política exterior con otros Estados. Corresponde al Estado la facultad exclusiva de recaudar impuestos para financiar servicios, infraestructuras, prestaciones, dirigir la economía con leyes que regulan el mercado laboral y la actividad empresarial, administrar los servicios públicos como la educación, la salud, las infraestructuras viales, el control de los puertos, aeropuertos y el estratégico sistema energético.
Hay que poner de relieve que la existencia de elecciones, pura y simple, no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático de por sí, sino que se han de conjugar otras características. Y estas han de responder a la concepción de que la democracia debe ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social que implica respeto por los derechos humanos, libertad individual y para la asociación, contienda política, distribución del poder de forma equitativa, alternancia en el poder, evitar que una mayoría se convierta en una tiranía y limitación del poder político de los gobernantes.
Lo expuesto son razones poderosas que conducen a entender que el Estado interviene en la economía, básicamente, porque el mercado es incapaz, por sí solo, de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado. Es en tales circunstancias que el Estado proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de la economía, por igual, el gobiernos de luchar por mantener la competencia en los mercados de bienes y servicios al tratar de asegurar que ningún vendedor domine el mercado de una forma inequitativa, pero, a su vez, este puede decidir jugar un papel en la redistribución del ingreso y la riqueza, ya sea a través del sistema fiscal, o bien, a través de diferentes tipos de subsidios gubernamentales y subvenciones para grupos de Interés especial.
La intervención del Estado en la economía obliga a que este haya de ser agente de cambio social y transformación económica permanente. Para ello se requiere de un aparato burocrático que funcione segregadamente con el objetivo primordial de apoyar a las inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y promoviendo nuevas áreas de inversión con impacto directo en la economía y el bienestar de la sociedad.
Las razones expuestas permiten arribar a la conclusión de que cuando un gobierno se plantea reformas estructurales sin un estudio profundo de las mismas, se asiste a un escenario incierto ya que se penetra al túnel de la incertidumbre con las luces apagadas y los retrovisores cerrados. En fin, la administración del Estado ha de tener como principal objetico el bienestar de la colectividad, por tanto, cualquier reforma tiene razón de ser si esta implica incorporar progreso e institucionalidad, nunca suprimir las conquistas logradas ni deteriorar su calidad de vida.
