El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte habla durante una comisión en el Senado sobre la llamada guerra contra la droga de su gobierno, en el Senado de Filipinas, el lunes 28 de octubre de 2024 en Manila, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila)
MANILA.- El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte dijo el lunes en una comisión de investigación del Senado que cuando era alcalde de una ciudad en el sur del país tenía un “escuadrón de la muerte” de criminales para matar a otros criminales.
Sin embargo, Duterte negó haber autorizado a la policía a matar a miles de sospechosos en una violenta campaña contra las drogas ilegales que ordenó como presidente, y que es objeto de una pesquisa de la Corte Penal Internacional como posible crimen contra la humanidad.
Duterte, de 79 años, asistió a la sesión televisada en su primera comparecencia pública desde que terminó su mandato en 2022. El Senado investiga las muertes en la campaña antidroga del gobierno de Duterte, de una escala sin precedentes en la historia de Filipinas.
Sin entrar en detalles, el expresidente reconoció que durante su largo mandato como alcalde de Davao, antes de dirigir el gobierno del país, mantuvo un escuadrón de la muerte de siete “gangsters” para encargarse de otros criminales.
“Puedo hacer la confesión ahora si quieren”, dijo Duterte. “Tenía un escuadrón de la muerte de siete, pero no eran policías, también eran gangsters”.
“Le pediría a un gangster que matara a alguien”, dijo Duterte. “Si no matas (a esa persona), te mato a ti ahora”.
El senador Aquilino Pimentel III, que dirige la comisión de investigación, y la senadora Risa Hontiveros presionaron a Duterte para que diera más detalles, pero él respondió con vaguedades y dijo que lo explicaría más en la siguiente sesión.
Entre frecuentes maldiciones durante la vista, Duterte dijo que asumiría toda la responsabilidad por las muertes ocurridas mientras él era presidente entre 2016 y 2022. Pero dijo que nunca había ordenado a sus jefes de la policía nacional, que también estaban presentes, que hicieran ejecuciones extrajudiciales.
“¿Les dije yo alguna vez que mataran a cualquier criminal?”, preguntó Duterte a sus antiguos mandos policiales. Entre ellos estaba Ronald dela Rosa, actual senador y que fue el primero en aplicar la campaña de Duterte contra las drogas ilegales cuando era jefe de la Policía Nacional.
Aparte del caso en la CPI, no hay denuncias conocidas presentadas en cortes filipinas contra Duterte por los asesinatos.
“Estoy desconcertado porque el Departamento de Justicia no ha abierto ningún caso”, comentó Duterte. “Llevo mucho tiempo matando gente, ¿y no han presentado ningún caso hasta ahora?”.
La exsenadora Leila de Lima, una de las críticas más firmes de Duterte y que en el pasado investigó las muertes en la lucha contra la droga en Davao, dijo que había pruebas pertinentes y testigos de las ejecuciones extrajudiciales, pero que tenían miedo de declarar contra Duterte cuando estaba en el poder.
De Lima fue detenida al inicio del mandato de Duterte por delitos de drogas que ella tachó como una invención para impedir que continuara con su investigación en el Senado. El año pasado, más de seis años después de su detención, fue absuelta de todos los cargos y puesta en libertad.
“Este hombre, el exalcalde de la ciudad de Davao y el expresidente de la Republica de Filipinas, ha eludido durante mucho tiempo la justicia y la responsabilidad”, dijo De Lima, que se sentaba cerca del exmandatario.
“No le hemos hecho rendir cuentas después de todos estos años”, afirmó la exparlamentaria, que añadió que ahora podrían aparecer testigos que contribuirían a procesar a Duterte y sus colaboradores.
Arturo Lascanas, un policía retirado que sirvió a las órdenes de Duterte durante muchos años en una unidad que combatía los delitos graves en Davao, dijo a The Associated Press en una entrevista en 2022 que hasta 10.000 sospechosos podrían haber muerto en la ciudad por órdenes de Duterte y los colaboradores más próximos al antiguo alcalde, él incluido.
Lascanas, que ha huido al extranjero, dice que ha proporcionado su testimonio y otras pruebas a la CPI.
Los colaboradores de Duterte podrían haber retirado los restos de un gran número de víctimas sepultadas en una cantera en ciudad de Davao, pero Lascanas dijo que aún podrían recuperarse los cuerpos de otras víctimas sepultadas en otro lugar por su grupo de policías, para emplearlos como prueba contra el exmandatario y otras personas.
Duterte se mostró desafiante ante la comisión.
“Si me dan otra oportunidad, acabare con todos ustedes”, dijo Duterte en alusión a los narcotraficantes y criminales, que según dijo reanudaron su actividad cuando él dejó la presidencia.
Duterte, uno de los líderes contemporáneos menos ortodoxos, puso fin a su accidentado mandato de seis años en junio de 2022, tras más de tres décadas en la política a menudo tempestuosa del país, en la que se ganó una reputación por sus exabruptos salpicados de lenguaje malsonante y su desdén por los derechos humanos y Occidente, y se acercó a China y Rusia.
Los activistas le veían como “una calamidad para los derechos humanos”, no solo por el alto número de muertes durante su llamada guerra contra la droga, sino por sus ataques directos a medios críticos, la dominante Iglesia católica y la oposición política.
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