José Báez Guerrero
La reforma del sector eléctrico que promete el presidente Abinader requiere más voluntad política y claridad de objetivos que discusiones o búsqueda de casi imposibles consensos.
La urgencia más crítica es corregir el caos de la distribución de electricidad, lo cual no es un asunto tan complejo como alguna gente lo presenta, según demuestra la eficiencia de empresas privadas en áreas bajo concesión.
Al saneamiento de las EDE se opondrán los políticos que se benefician de su pésima gerencia porque administran miles de millones de dólares anualmente en subsidios; los clientes que roban la luz o realizan fraudes con los medidores; los funcionarios cuyo patrimonio es inexplicable a juzgar por sus ingresos como empleados de empresas estatales.
El primer paso para resolver este secular incordio es perder el miedo al inexistente costo político, pues nada es más costoso que la ineficiencia subsidiada.
La cuestión ni siquiera es privatizar o no, pues el valor de esas empresas es negativo. Tal como dijo el presidente, el talón de Aquiles del sistema energético es la distribución y comercialización de la electricidad.
Ojalá encargue este asunto a gente distinta a la que se creyó en 2020 que podrían resolverlo.
Tras cuatro años, son la mayor vergüenza de un gobierno de grandes éxitos en otras áreas. Más que reforma, hay que reinventar a las EDE y aplicar consecuencias a sus malandros.
