Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, favoreció en el país la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio, para evitar que los bienes de los narcotraficantes, una vez ocupados, vuelvan a sus manos.
En ese sentido, el funcionario dijo que es vital que el Congreso Nacional la apruebe, porque con esta iniciativa legislativa se les estaría dando un duro golpe a los narcotraficantes.
Explicó que además esta ley complementaría el tratado de extradición que se está discutiendo con los Estados Unidos y México, que también se está haciendo con otros países; así como la unificación en el mundo de la lucha contra el crimen organizado.
“Es decir, que ese es el primer factor, lo segundo es que la República Dominicana tiene ejemplos de sobra de personas con bienes adquiridos de manera ilícita que la ley de lavado no es suficiente en este momento para ser efectiva contra el narcotráfico”.
Al hablar como invitado en el panel “Análisis del proyecto de ley de Extinción de Dominio”, realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia junto con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputado, Domínguez Brito citó el caso de Yuber Enrique Méndez Méndez (Oreganito), que dijo es un ejemplo y que puede tomar otros casos de narcos en el país que han podido evadir, incluso, la persecución de sus bienes a través de testaferros, u otras personas y que no pueden probar la licitud de esos recursos.
Domínguez Brito reiteró que es vital que se logre aprobar la ley como una herramienta fundamental que complementaría la de Lavado de activos y con los tratados de extradición suscritos con otros países.
El panel
El jurista y redactor de la ley de Extinción, Manuel Ulises Bonelly, explicó que el proyecto busca que las debilidades actuales no se agudicen y crear ¡herramientas eficaces hacia la recuperación de los bienes ilícitos.
De su lado, Ricardo Rojas explicó que la normativa tiene cinco garantías, que van desde la notificación de medidas cautelares adoptadas hasta la sentencia civil.
También el derecho a un juicio, y protección de sus derechos, entre otros.
