Las diversas instancias para socializar propuestas o ideas de políticas públicas han dado al consenso una importancia fuera de proporción con su real efectividad.
Recuerdo que uno de los acuerdos más discutidos para poner de acuerdo a grupos con interés distinto fue el famoso Pacto Eléctrico.
Duró menos que la presunción de inocencia de los inculpados por corrupción en las empresas eléctricas estatales. Estar todos de acuerdo es sólo posible en asuntos básicos o fundamentales, como el imperio de la ley, la garantía del debido proceso, la efectiva tutela judicial de derechos o el respeto a la soberanía del pueblo expresada en elecciones libres.
Más que imposibles o hipócritas consensos, del tipo en que acatar y cumplir son cosas contrarias, lo que prevalece en sociedades mejor organizadas y más prósperas que nosotros es la confianza recíproca entre actores sociales que poseen legítimas discrepancias en sus intereses particulares.
Hay mayor paz social y y mejor orden público si las leyes son aplicadas con equidad, sin temor a que cualquier político pueda dañar un negocio por motivos espurios. Perdónenme tantas perogrulladas que repito como un ensalmo ante mi asombro de que hay hoy unos voceros de la ética gubernamental, la moral política y la decencia cívica que me parece que muchos ciudadanos honestos nunca querrían como amigos.
El cuento de la impoluta pureza que invocan connotados malandros luce un guión de ciencia ficción. Y así pretenden que confiemos en ellos.
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