Concentrados al pie del Obelisco, en pleno centro capitalino, los manifestantes se mostraron ofuscados por la quita de unas 70.000 pensiones por discapacidad en lo que va del año y amenazaron con endurecer las protestas contra el Gobierno si no responde a sus demandas.
Buenos Aires.- Miles de discapacitados, acompañados por familiares, varias ONG, sindicatos y movimientos políticos, se manifestaron hoy en Buenos Aires para exigir al Gobierno argentino que restituya las pensiones por discapacidad que decidió retirar a personas que supuestamente no cumplían los requisitos.
Concentrados al pie del Obelisco, en pleno centro capitalino, los manifestantes se mostraron ofuscados por la quita de unas 70.000 pensiones por discapacidad en lo que va del año y amenazaron con endurecer las protestas contra el Gobierno si no responde a sus demandas.
“Estamos reclamando que no se quiten las pensiones por discapacidad indiscriminadamente”, dijo a Efe Verónica González, representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Ministerio de Desarrollo Social ha asegurado que el retiro de los beneficios no es masivo, sino que mes a mes se hace un cruce de información administrativa por el cual se detectan aquellos casos que no cumplen con los requisitos para cobrar la pensión.
Las condiciones están estipuladas en un decreto de 1997 que, entre otras cosas, establece que los beneficiarios deben estar en situación de indigencia, por lo que si consiguen un trabajo o se casan con una persona con un ingreso formal quedan excluidos del beneficio.
Según González, ese decreto es inconstitucional y por ello la red que representa presentó hoy una acción de amparo colectiva para que se revierta la quita de pensiones.
González denunció que, además, el Estado incumple con la ley de cupo laboral para los discapacitados y que estos, aún con un empleo, usualmente reciben pagas muy bajas y tienen mayores gastos por movilidad y tratamiento médico, algo que, recalcó, el Gobierno debería tener en cuenta.
En la protesta también estuvieron presentes instituciones de ayuda a los discapacitados, como la Fundación Uurarum, de la localidad bonaerense de Marcos Paz, que asiste a niños y jóvenes con retraso mental.
Uno de los jóvenes que pasó por esa institución este jueves fue notificado de la suspensión de su pensión y la fundación teme que las suspensiones vayan en aumento.
“Venimos a manifestarnos en apoyo a la no quita de las pensiones asistenciales, ya que son de fundamental importancia para las personas con discapacidad”, dijo a Efe Laura Bustamantes, de la Fundación Uurarum.
La polémica quita de las pensiones ha suscitado la reacción de las fuerzas políticas de oposición, que han presentado diversos proyectos de ley en el Congreso para dar una solución a los afectados.
“Es bochornoso, es una vergüenza”, dijo a Efe Laura Marrone, legisladora de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, una de las fuerzas que impulsa la derogación del decreto de 1997.
“Hay una total insensibilidad. Si calculamos que son 70.000 pensiones de 3.000 o 4.000 pesos argentinos (187 o 250 dólares) mensuales, estamos hablando de 220 millones de pesos (13,6 millones de dólares) mensuales. Sólo algunos programas de propaganda que este Gobierno hace superan esa cuota”, dijo Marrone.
Por su parte, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, afirmó hoy que “no hay ninguna decisión” del Poder Ejecutivo que propicie dar de baja pensiones para discapacitado.
La vicepresidenta, que tiene una discapacidad motriz, lamentó la “bajeza” de algunos políticos que buscan hacer un aprovechamiento de este tema con el fin de “asustar y llevar angustia a la gente que necesita esta ayuda».
“Este es un Gobierno que tiene absoluta conciencia sobre como debemos trabajar en esta materia para asegurar igualdad de oportunidades y atender las necesidades de las personas con discapacidad”, dijo Michetti en declaraciones difundidas por la Presidencia argentina.
