Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo.– Los diputados aprobaron en primera lecturas el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para realizar embargos y allanamientos.
Quien realice este tipo de proceso tendrá que estar acompañado de un juez y un fiscal para poder ejecutarlo.
Legisladores de diferentes partidos coincidieron en que esta ley acabará con el chantaje y los abusos por parte de los alguaciles, quienes se aparecen en hoteles y otros lugares con una “banda de tigueres”, para perpetrar los embargos.
El objeto de la iniciativa es crear el marco regulatorio que permita a los actores del sistema judicial contar con disposiciones claras y precisas para el ejercicio de las vías de ejecución, y con ello conjurar los problemas que se escenifican de manera constante, altearan la paz pública y ponen en juego la integridad física y dignidad de las personas, tanto de los perseguidos, de los ministeriales, como del personal que presta el auxilio de la fuerza pública que les acompaña.
