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Diputado advierte: modificaciones al Código Procesal representan retroceso grave.

Carlos de Pérez
Carlos de Pérez considera que el nuevo código es menos garantista.

Santo Domingo.- El diputado Carlos de Pérez manifestó fuertes preocupaciones sobre las modificaciones introducidas en segunda lectura al proyecto de reforma del Código Procesal Penal (CPP), asegurando que varias de ellas constituyen retrocesos significativos en materia de derechos y garantías procesales, y que incluso contradicen criterios recientemente establecidos por el Tribunal Constitucional.

De Pérez explicó que el artículo 377, modificado en la sesión del miércoles, introduce un esquema que deja el “plazo razonable” sujeto a la discrecionalidad judicial, un cambio que, según dijo, distorsiona la naturaleza de ese principio.

Para reforzar su argumento, citó la sentencia TC-1272-2025, dada a conocer el pasado jueves, en la que el Tribunal Constitucional señala que o existe un plazo razonable o existe un plazo fijado, pero ambas figuras no pueden coexistir. “Justamente hoy el Tribunal Constitucional pareciera darme la razón”, afirmó.

El legislador señaló además que se suprimieron del artículo 150 varias diligencias procesales que antes permitían que el plazo empezara a correr —como entrevistas, inmovilización de fondos y otras actuaciones— lo que, en su criterio, abre la puerta a que los imputados permanezcan indefinidamente en una fase previa sin garantías claras.

“Todo ese tipo de conquistas que teníamos en la primera lectura fueron suprimidas en el día de ayer”, indicó.

Asimismo, calificó como “una regresión de derechos” la eliminación de la lectura íntegra de la acusación, originalmente contemplada en el artículo 324.

En su lugar se establecieron alegatos de apertura, lo que —advirtió— priva al imputado de la única oportunidad en la que normalmente escucha de forma completa la acusación en su contra. “No es igual la lectura íntegra de la acusación que un alegato de apertura del Ministerio Público”, señaló.

Uno de los puntos que consideró más graves fue la eliminación de la salvaguarda que impedía que un mismo juez participara en etapas sucesivas de un proceso cuando se tratara de personas con privilegio de jurisdicción, como diputados, senadores, ministros, presidentes de la República, fiscales o jueces.

“Si un juez ya dijo que cree que tú eres culpable, lo lógico es que mantenga esa visión en todo el trayecto. ¿Por qué permitir que vuelva a conocer el proceso?”, cuestionó.

El diputado también criticó la supresión del doble grado de jurisdicción, ya que ahora la Corte de Apelación estaría obligada a fallar directamente, reduciendo la oportunidad del imputado de que su caso sea valorado de nuevo en cuanto a pruebas y argumentos. A su juicio, este cambio debilita sustancialmente el derecho de defensa.

De Pérez sostuvo que lo aprobado otorga al Ministerio Público un nivel de discrecionalidad desproporcionado, al punto de compararlo con “Hulk Hogan" peleando contra un luchador flacucho y amarrado”.

Advirtió sobre el riesgo de que una persona pueda permanecer años con sus fondos inmovilizados sin siquiera haber sido imputada, y que el cómputo de plazos solo inicie cuando el órgano acusador decida formalizar cargos:

“Tú me puedes tener cinco años con mis fondos inmovilizados y después decirme que ahora es que empieza a correr el plazo”.

El legislador insistió en que muchos legisladores creen que nunca enfrentarán una situación así, pero podrían estar equivocados. “Le puede tocar a cualquiera”, dijo, al alertar sobre el impacto de las reformas.

Aunque reconoció que en la primera lectura la Cámara había logrado reinstalar varias garantías contenidas en el proyecto original enviado por el Senado, afirmó que los cambios introducidos a solicitud del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República —y asumidos por la bancada oficialista— lo obligaron a votar en contra. “Si la pieza se hubiera quedado como estaba en el informe, yo hubiese votado positivamente. Pero con estas modificaciones, lo sabio era no votar por ella”, afirmó.

De Pérez concluyó asegurando que el nuevo código, en caso de ser aprobado y promulgado, “sería menos garantista que el que tenemos ahora” calificándolo de matadero de derechos individuales.

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Es periodista y locutor. Cubre Congreso, Partidos Políticos y JCE.

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