Ginette Bournigal de Jiménez.
PUERTO PLATA.- La legisladora Ginette Bournigal de Jiménez calificó como un crimen materializado por sus colegas diputados la aprobación de nuevos impuestos para financiar la expansión de los servicios del Sistema Nacional de Emergencia 911 en las provincias del país.
Dijo que propuso en el hemiciclo de la Cámara Baja, que en vez de nuevos impuestos, se modificara la ley que establece un 2 % para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), del costo de cada llamada, estableciendo una nueva distribución con el impuesto existente que sería un 1.5% para el 911 y un 0.5% para el INDOTEL y añadió que la última institución “es un barril sin fondo”.
“Ese 2% es un volumen de dinero exhorbitante.Por ejemplo, la nómina de INDOTEL publicada, no la escondida, sobrepasa los 50 millones de pesos mensuales, con muchísimos sueldos de 150 para arriba…Cuando usted compra una tarjeta de 100 pesos de llamada, le descuentan 18% de ITBIS, 10% del consumo, 2% para INDOTEL… Más ahora, aproximadamente otro 2.5%”, explicó la congresista a través de su cuenta de Facebook.
La diputada del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que por ese abuso convertido en ley, ahora una tarjeta de 100 pesos, en realidad será de 67.50 ya que los 100 pesos de llamada invertido por un consumidor antes de llamar, ya solo le quedarán 67.50 debido al abusivo cuarto impuesto a que será aplicado a las empresas de telecomunicaciones que se traducirá de forma directa a la población.
Bournigal de Jiménez ratificó que sus colegas diputados acaban de materializar otro crimen con la aprobación de un nuevo impuesto pagado por las empresas de telecomunicaciones y reconoció que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la mayoría en las Cámara Legislativas, pero les advirtió que “no sigan apretando la tuerca a los ciudadanos dominicanos”.
Se recuerda que el nuevo impuesto aprobado es de 0.02 dólares por minuto de diálogo telefónico internacional y de 0.25 dólares o su equivalente en moneda nacional por cada mini mensaje de texto internacional que termine en las redes de las prestadoras.
Pero esa idea es rechazada por las empresas de telecomunicaciones que operan en el país, que ya pagan tres gravámenes anteriores que a la vez traspasan a los clientes y que equivalen a un 30 por ciento de impuestos en cada factura por lo que objetan específicamente la imposición de una tasa al tráfico internacional como fuente de financiamiento, debido a que viola acuerdos internacionales y conllevaría nuevos gastos.
