Edilí Arias 
Mark Seitz, obispo católico de El Paso, habla con la niña hondureña Celsia Palma, de 9 años, mientras caminaban hacia el Puerto de Entrada Internacional Paso del Norte, el jueves 27 de junio de 2019, en Ciudad Juárez, México. (AP Foto/Rudy Gutierrez)
Durante más de un año, organizaciones religiosas han cabildeado ante el Congreso y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para que corrija un repentino cambio en la forma en que el gobierno procesa las tarjetas de residencia permanente para trabajadores religiosos, lo cual amenaza la capacidad de miles de ellos para seguir laborando en Estados Unidos.
La diócesis católica de la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, y cinco de sus sacerdotes cuyo estatus legal en el país expira la próxima primavera, han demandado ahora a las agencias federales que supervisan lo relacionado con la inmigración.
Alegan que el cambio “provocará una alteración grave y sustancial en la vida y las libertades religiosas” de los sacerdotes, al igual que en las de los cientos de miles de católicos a los que prestan servicios.
“Nuestros sacerdotes sienten que estamos haciendo lo más que podemos”, dijo el obispo Kevin Sweeney, cuya diócesis abarca a 400.000 católicos y 107 parroquias en tres condados de Nueva Jersey.
La de Paterson es la primera diócesis en interponer esta demanda contra el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo Raymond Lahoud, su abogado en la demanda.
Pero “hay expectación allá afuera” entre grupos religiosos que han sufrido un impacto similar, agregó Lahoud, debido a lo mucho que muchos de ellos dependen de clérigos nacidos en el extranjero que forjan sólidos vínculos en sus parroquias en Estados Unidos.
“Es tan perjudicial”, dijo el obispo Mark Seitz, que preside la comisión sobre migración para la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El grupo ha abogado para que haya correcciones legislativas y administrativas porque las nuevas demoras extralargas en el procesamiento de las tarjetas —llamadas popularmente tarjetas verdes— “son insostenibles”.
En su propia diócesis fronteriza de El Paso, Texas, Seitz enfrenta la posibilidad de perder sacerdotes cuyos casos para obtener la residencia permanente ahora tienen pocas probabilidades de ser aprobados antes de que expiren sus visas. La ley exige que salgan de Estados Unidos al menos por un año.
“Uno es pastor de una parroquia grande y en crecimiento. Ahora se supone que debo enviarlo fuera por un año, congelarlo, por así decirlo, ¿y de alguna forma proporcionar misas?”, planteó Seitz.
Para hacer frente a una escasez de trabajadores religiosos que se ha agravado en las últimas décadas, desde hace tiempo las diócesis estadounidenses han tenido acuerdos con diócesis extranjeras para traer a seminaristas, sacerdotes y monjas de sitios tan distintos como Polonia, las Filipinas y Nigeria, dijo el padre Thomas Gaunt del Centro para la Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad Georgetown.
La mayor parte de las otras denominaciones religiosas, desde el budismo al islam a los cristianos pentecostales, también reclutan a clérigos nacidos en el extranjero, por razones que van desde la necesidad de atender a crecientes comunidades que no hablan inglés a entrenamiento especializado en instituciones extranjeras imbuidas de la historia de una religión.
La mayoría de esos “trabajadores religiosos”, según la definición del gobierno estadounidense, llegan al país con visas temporales llamadas R-1, que les permiten trabajar en Estados Unidos durante cinco años. Ese solía ser tiempo suficiente para que una organización evaluara si los clérigos eran realmente una buena opción, y luego solicitara se les diera el estatus de residentes permanentes —a lo cual se le llama tarjeta verde— bajo una categoría especial llamada EB-4.
El Congreso establece un número máximo de tarjetas verdes disponibles por año y por categoría, que usualmente se basa en los tipos de empleo o en los vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses. El tiempo de espera depende de si la demanda excede el número de visas disponibles para cada categoría, y por cuánto.
Los ciudadanos de países con una demanda especialmente elevada son colocados en “filas” aparte, usualmente más largas. Actualmente, la categoría con más retrasos es para los mexicanos casados que son hijos de ciudadanos estadounidenses, donde sólo están siendo procesadas las solicitudes presentadas hace más de 24 años.
Menores de Guatemala, Honduras y El Salvador que hayan sido víctimas de abusos o negligencia —de los cuales un número creciente han solicitado tarjetas verdes humanitarias o asilo tras cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde mediados de la década de 2010— también estaban en una fila aparte. Pero en marzo de 2023, el Departamento de Estado anunció que eso era un error y de inmediato comenzó a añadirlos a la fila general junto con los clérigos.
Eso ha creado un retraso que actualmente es de más de 3 años y medio y podría incrementarse. Algunos calculan que el obtener estas tarjetas verdes podría llevarse de 10 a 15 años.
“Esta es una situación insostenible”, dijo Lance Conklin, que copreside el grupo de trabajadores religiosos de la American Immigration Lawyers Association —una asociación profesional de abogados— y con frecuencia representa a pastores evangélicos. “La demanda es representativa de lo que mucha gente siente”.
La asociación de abogados, junto con la conferencia episcopal y otras organizaciones, ha estado cabildeando para que el Congreso efectúe correcciones a largo plazo —que la mayoría reconocen serán difíciles de obtener dado lo políticamente delicada que es la reforma a las leyes de inmigración—, así como cambios administrativos más sencillos que las agencias podrían implementar rápidamente.
Entre ellos, dicen abogados y activistas, estaría el permitirle a los solicitantes cambiar de cargos en su ministerio —pasar de ser un pastor adjunto a pastor sénior, o reubicarse en un convento distinto, por ejemplo— sin perder su lugar en la fila de las tarjetas verdes. O el gobierno podría reducir el tiempo que necesitan pasar fuera de Estados Unidos después de que expire su visa antes de que puedan obtener otra.
“Podríamos arreglárnoslas con un mes”, dijo Seitz, mientras que el tiempo requerido actual es de 12 meses.
La mayor parte de las organizaciones están apegándose a lo establecido por ahora, esperando y orando que el gobierno hará cuando menos estas correcciones temporales, tal vez impulsado por la demanda, la cual fue interpuesta en agosto ante la Corte Federal de Distrito en Nueva Jersey.
Eso es en gran medida porque no tienen otras opciones.
Obtener otras visas para empleo y tarjetas verdes es mucho más laborioso y caro, y muchos clérigos no reúnen las condiciones necesarias. Por ejemplo, aquellos que no reciben ningún salario no pueden mostrar que les están ofreciendo “salarios vigentes”, uno de los requisitos con los que se pretende proteger a los trabajadores nacidos en Estados Unidos en las categorías de empleos no religiosos.
Ese suele ser el caso para las monjas católicas, dijo Mary O’Leary, una abogada de Michigan que representa a órdenes religiosas.
“Muchas órdenes religiosas no son ricas”, señaló. “No son como Microsoft; no puedes ir a una escuela de negocios o de ciencias informáticas y reclutar”.
En la arquidiócesis de Chicago, una monja que trabaja en asesoría escolar tiene que irse del país cuando su visa expire en un par de semanas, dijo Olga Rojas, abogada sénior de la arquidiócesis en cuestiones de inmigración.
“El director de la escuela está tan desolado”, señaló Rojas, y agregó que en diversas partes de Estados Unidos se ha obligado a trabajadores religiosos a irse. “Quieren quedarse y concluir su trabajo”.
En algunos casos, sus organizaciones laboran duro para traer de nuevo a los trabajadores religiosos desde el extranjero, dijo Miguel Naranjo, director de Servicios de Inmigración Religiosa para Catholic Legal Immigration Network, una red de activistas de inmigración.
“Va más allá del ministerio”, agregó Naranjo, porque con frecuencia proporcionan educación, asistencia médica, atención a la juventud y otros servicios sociales. “Para muchas comunidades son la última red de seguridad”.
