RIO DE JANEIRO.— La presidenta brasileña Dilma Rousseff buscaba el miércoles el apoyo de los partidos de su coalición de gobierno, después que en la víspera la abandonó el partido más grande del país, lo que complica su lucha para defenderse de un juicio político en el Congreso.
Un día después que el Partido Movimiento Democrático Brasileño, o PMDB, anunció que sus miembros renunciarán de inmediato a sus seis puestos en el gabinete y a unos 600 empleos en el gobierno federal, parecía que al menos tres ministros permanecerían en el gabinete de Rousseff.
Según el diario O Estado de S. Paulo, el ministro de Salud, Marcelo Castro, y el de Ciencia y Tecnología, Celso Pansera, buscaban un acuerdo para permanecer, en tanto la ministra de Agricultura, Katia Abreu, podría desvincularse del PMDB para seguir en el gabinete.
Se informó que Rousseff planea usar las vacantes para reforzar el apoyo de las seis agrupaciones que permanecen en la coalición junto con su Partido de los Trabajadores.
La mandataria necesita al menos 172 de los 513 votos en la cámara baja para detener el juicio político por supuesta violación de leyes fiscales.
Se prevé una votación a mediados de abril, y sin los 69 votos del PMDB, las probabilidades de supervivencia de la mandataria parecen disminuidas.
Al hablar en un evento para el programa público de vivienda gubernamental, Rousseff fustigó nuevamente a quienes quieren destituirla, acusándoles de tramar “un golpe de estado”. Afirmó que no cometió crimen alguno que justifique su expulsión.
“De lo que estamos hablando es de un juicio político sin hallar responsabilidad por un delito, y sin hallar responsabilidad por un delito, eso es un golpe de estado”, dijo la mandataria a una multitud de entusiastas simpatizantes que gritaban: “No habrá golpe de estado”.
La popularidad de Rousseff ha caído en picada en medio de la recesión más grave en varias décadas y un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que se acerca al círculo gobernante. La presidenta, ex miembro del directorio de Petrobras, no ha estado implicada en el escándalo, que según los procuradores es el plan de sobornos más grande jamás descubierto en Brasil.
Mientras, el miércoles se dio a conocer un sondeo que muestra que sólo 10% de la población apoya a Rousseff, un ínfimo aumento con respecto a su popularidad el año pasado.
La encuesta de la agencia Ibope tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales y fue realizada entre el 17 y el 20 de marzo en base a una muestra de 2.002 personas en todo Brasil.
El gobernador interino del estado de Río de Janeiro, cuya ciudad más grande será sede de los Juegos Olímpicos del 5 al 21 de agosto, advirtió el miércoles que las finanzas del estado son “trágicas” e insinuó la venta de bienes para apuntalar las arcas.
Francisco Dornelles declaró al periódico O Globo que se necesitará de un gran esfuerzo para que el estado cumpla con todas las obligaciones y que los funcionarios están buscando créditos y otras medidas para impulsar los ingresos decrecientes.
“Es la peor situación que he visto en mi carrera política”, afirmó. Su oficina confirmó sus comentarios. En los últimos meses, los organizadores de los Juegos en la ciudad de Río de Janeiro han anunciado varios recortes, incluido el de personal en las principales sedes olímpicas.
Una encuesta de opinión divulgada el miércoles indicó que 10% de los brasileños tienen una opinión favorable de Rousseff, apenas arriba de los índices de aprobación de un solo dígito que tuvo el año pasado.
La encuesta, realizada por la agencia Ibope, tiene un margen de error de +/- 2% de puntos. Fue levantada del 17 al 20 de marzo, con 2.002 personas entrevistadas en todo el país. Con todo, el disgusto de la gente con los políticos va mucho más allá de Rousseff.
Los tres primeros en la línea de sucesión, el vicepresidente Michel Temer y los titulares de la cámara baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, han sido acusados de participar en los sobornos de Petrobras. Los tres son del PMDB y niegan haber cometido delito alguno.
También el miércoles, la comisión de ética de la cámara baja se reunió para hablar del caso del presidente de esa instancia, Eduardo Cunha, quien está acusado de mentirle a una comisión investigadora y podría ser destituido.
Cunha le había dicho a la comisión que no tenía cuentas bancarias en el extranjero, pero surgieron luego documentos de Suiza que lo vinculan con cuentas que, según las autoridades, contienen dinero de sobornos de Petrobras.
El martes, el juez en el caso Petrobras, Sergio Moro, reconoció que “pude haber cometido un error” al publicar grabaciones de conversaciones telefónicas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellas una con Rousseff.
Moro había difundido las grabaciones horas después de que Lula fue designado secretario de la presidencia, lo que generó denuncias de que el juez estaba parcializado.
El nuevo cargo de Lula le haría difícil a Moro investigar denuncias de que se benefició de los sobornos de Petrobras, pues según la ley brasileña, sólo la Corte Suprema puede autorizar una investigación de un integrante del gabinete. Pero un magistrado del tribunal impidió que Lula asuma el cargo.
En su respuesta escrita al tribunal, el juez Moro pidió “disculpas respetuosas” por haber difundido las grabaciones, añadiendo que no era su intención “causar polémica o conflicto”.
