Santo Domingo.- Afiliados y familiares del Sistema Dominicano de Seguridad Social evitaron desembolsar más de RD$18.5 millones durante agosto de 2026 gracias a intervenciones de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ante cobros, diferencias y requerimientos de pago relacionados con servicios de salud.
La institución informó que, a través de sus acciones de defensoría, logró que RD$18,515,242.74 permanecieran en manos de los afiliados y sus familias, luego de verificar casos en los que los pagos reclamados fueron considerados improcedentes conforme a las coberturas correspondientes.
Las intervenciones se produjeron principalmente ante situaciones reportadas en clínicas y centros privados, entre ellas cobros adicionales por honorarios médicos, diferencias exigidas directamente a los pacientes, servicios cubiertos por el Seguro Familiar de Salud, negaciones de cobertura, exigencias de depósitos y casos relacionados con retención de pacientes o cadáveres.
El director general de la DIDA, Elías Báez, exhortó a los afiliados a no asumir de manera automática cualquier diferencia económica que les sea requerida durante una atención médica y a reportar aquellos casos en los que consideren que el monto exigido supera lo establecido por su cobertura.
“Nuestro objetivo no es crear una confrontación entre los actores del sistema. Lo que defendemos es un principio sencillo: el afiliado debe recibir las prestaciones que le corresponden y no puede convertirse en la parte que termine pagando las diferencias o controversias que corresponda resolver entre los demás actores del sistema”, expresó.
Entre las incidencias atendidas por la DIDA figuran diferencias de honorarios reclamadas directamente al afiliado, cobros adicionales durante la prestación de servicios, requerimientos de depósitos para recibir determinadas atenciones y cobros vinculados con accidentes de tránsito.
La institución aclaró que cada caso es evaluado de manera individual para determinar si el pago solicitado corresponde o no de acuerdo con la cobertura que posee el afiliado.
De RD$19 mil a RD$170 mil
Uno de los casos reportados ocurrió el pasado 14 de agosto, a las 6:47 de la tarde, cuando un afiliado contactó a la institución luego de ser sorprendido con un cobro de aproximadamente RD$170,000, tras someterse a una cirugía que había sido previamente programada y presupuestada bajo cobertura.
El paciente disponía de Plan Básico de Salud, un plan complementario y un seguro privado. La autorización emitida por la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) establecía una diferencia de RD$19,352.
Sin embargo, al momento del alta, el centro de salud le informó que debía pagar alrededor de RD$150,000 adicionales, bajo el argumento de que dos de los procedimientos realizados no estaban cubiertos.
Ante el reclamo, la DIDA orientó al afiliado a no efectuar el pago hasta verificar la información con la ARS.
Durante la revisión se determinó que los procedimientos señalados como no cubiertos formaban parte integral de la cirugía principal, pero habían sido registrados como procedimientos independientes, lo que generó la diferencia reclamada al paciente.
La entidad indicó que este caso, al igual que otros similares, permanece documentado en su base de datos institucional.
No todo se origina en las glosas
La DIDA precisó que los cobros que llegan a conocimiento de la institución no deben confundirse exclusivamente con los procesos de objeciones y glosas médicas entre las ARS y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Explicó que una parte importante de las incidencias ocurre antes de que exista una facturación entre el prestador y la ARS o responde a circunstancias distintas a ese procedimiento administrativo.
En ese sentido, la institución valoró la implementación por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de la Circular SSRL-INT-2026-002960, que regula aspectos relacionados con auditoría médica, calidad de las atenciones, glosas y pagos entre las ARS, el IDOPPRIL y los prestadores de servicios de salud.
También destacó la aclaración de la SISALRIL de que los procesos de objeción y glosa corresponden a la relación administrativa entre aseguradores y prestadores, por lo que los montos derivados de esas diferencias no deben ser transferidos al afiliado.
Báez sostuvo, sin embargo, que las glosas son solo una de las situaciones vinculadas al gasto de bolsillo.
“Celebramos cualquier medida que contribuya a cerrar espacios para los cobros indebidos. Si una glosa o una diferencia entre una ARS y un prestador no puede trasladarse al afiliado, estamos completamente de acuerdo. Pero el problema que estamos atendiendo es más amplio”, señaló.
Agregó que también reciben denuncias de ciudadanos a quienes se exige dinero directamente para acceder o continuar recibiendo una atención, así como diferencias de honorarios y otros cobros que no necesariamente se originan en una glosa.
El titular de la DIDA aclaró que estas situaciones no pueden atribuirse de manera generalizada a todos los médicos, clínicas o prestadores y reconoció que la mayoría desarrolla sus actividades conforme a las reglas del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
“Precisamente por respeto a los prestadores que cumplen, debemos identificar y corregir las prácticas que afectan al afiliado”, afirmó.
Las intervenciones son realizadas principalmente mediante el programa DIDA 24 Horas, a través del cual personal técnico recibe, verifica y da seguimiento a las situaciones reportadas por los afiliados y, cuando las circunstancias lo requieren, interviene directamente ante los centros de salud.
La DIDA aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con la SISALRIL, las ARS, los prestadores y los demás actores del sistema para reducir el gasto de bolsillo y garantizar la protección efectiva de los derechos de los afiliados.
Báez exhortó a los afiliados del Seguro Familiar de Salud a reportar a la línea DIDA 24 Horas, 809-472-1900, cualquier cobro que consideren superior al que corresponde conforme a su cobertura, así como negaciones de servicios, retención de pacientes o cadáveres y cualquier otra situación que pueda constituir una vulneración de sus derechos.