Matías Bosch Carcuro.
Diandino Peña pudo haber escrito en su declaración jurada que tiene mucho más que los 150 mil pesos de salario que percibe en OPRET. Pudo haber dicho que es gerente de empresas y constructor de un proyecto con un costo multimillonario en dólares. Pero no lo hizo. Hacerlo no sólo era una oportunidad para evitar el escándalo, sino que era su obligación legal y moral. Prefirió no decir nada.
Ahora, después de su entrevista con Alicia Ortega, hay quienes cuestionan si se tenía derecho a hacerle tantas preguntas. Si era o no era obligación avisarle. Precisamente a él, que hizo la misma declaración jurada que un maestro de campo pobre, solo que con un sueldo más alto. Él, financista y operador de uno de los tres jefes políticos más importantes y poderosos del país. Es precisamente él quien mejor debería saber responder, quien debería no incitar al escarnio.
Mejor hacen con cuestionarse: ¿cómo una persona que dice sólo ser funcionario público, que apenas recibe 150 mil pesos de salario, y cuyas antiguas empresas hoy, teóricamente, no tienen operaciones, tiene a su servicio un equipo financiero con el que tendría que consultar cada respuesta a la periodista?
Una pregunta más: ¿Es acaso Diandino Peña uno más de los casi 6000 funcionarios que no han entregado su declaración jurada de patrimonio, o es símbolo de quien la hace ocultando lo esencial? ¿Su problema es que la periodista actuó mal, o que nadie había podido preguntarle tanto y tan de frente, con todo su rango y poder?
Desde el día lunes 8 de mayo, cuando se divulgó la entrevista realizada por Alicia Ortega, se ha echado a correr una interpretación tomada de los pelos sobre este hecho, aduciendo que ese diálogo fue una celada a Diandino Peña. Una acción indebida por parte de Alicia Ortega. ¿Tenía derecho a cuestionarlo, y tenía Peña deber de responder?
«Asechanza», «alevosía», han dicho algunos espetando códigos de delito al acto de inquirir y preguntar a quien debiese tener respondido todo de antemano y con total transparencia.
Seamos claros. No fue ninguna celada: Alicia Ortega preguntó por lo que Peña debió informar en su declaración jurada y no hizo. Alicia Ortega confrontó a Diandino Peña con las verdades que debió haber dicho y debería decir como funcionario público. Alicia Ortega no manipuló, no tergiversó, no obligó. Fue Peña quien no pudo responder a ninguna de sus preguntas, o no quiso, y al final acudió a su única salida: “voy a hablar con mi equipo financiero”.
Hoy, otra vez, Diandino Peña está en la mira del escándalo público. Lo está desde el PEME y para mí se subió en la cima cuando decidió levantar el monumento a lo turbio llamado «Silver Sun Gallery». Esta vez, al estar en la mira, recrudece la sospecha sobre toda la clase política y el sistema de construcciones públicas, de los cuales es operador, pieza clave, capitán de navío.
Si se cumpliese la palabra empeñada y hubiese culto a la legalidad, hoy Diandino Peña ya hubiese tenido que renunciar o estar destituido, y el ministerio público cumpliendo su papel. Alicia, incómoda o no, legítima o no, sencillamente debería estar siendo llamada para aportar todas las pruebas que ha podido recopilar.
