El gabinete gubernamental posee suficientes integrantes con experiencia empresarial para comprender cómo se bate el cobre y por qué la solución de ciertos problemas luce interminable.
Por ejemplo, esta administración conoce al dedillo el apetito de los inversionistas extranjeros por los bonos soberanos, que ofrecen una tasa de retorno o interés mayor que cualquier banco y casi tanto como algún negocio riesgoso.
De modo que, si no fuera por las “ganancias secundarias” para políticos –como dirían los psicólogos, apropiadamente, ya que esto es casi una locura— es inexplicable que el gobierno no opte por aplicar simple y llanamente la letra y espíritu de la Ley General de Electricidad para licitar la propiedad de sus negocios de distribución y generación.
Cualquier inversionista a quien se le ofrezca un ROI mayor al 16 %, como es perfectamente posible en el mercado eléctrico dominicano, metería cientos o miles de millones de dólares sin mayor exigencia que un marco legal aplicable con pleno apoyo estatal.
Damos tantas vueltas en torno al asunto que olvidamos lo elemental.
