Averiguar los nombres de los sobornados por Odebrecht o las características de las sobrevaluaciones resultantes no requiere destrezas tan sofisticadas que debamos esperar a que desde Estados Unidos o Brasil nos digan quiénes son. Aparte de que el rumor público tiene bien identificados a los malandros, no es tarea imposible ni difícil para un país cuyas autoridades realizaron anteriormente las auditorías forenses de bancos quebrados y de patrimonios de capos del narcotráfico.
Tenemos además unas DGII, DNI y Superintendencia de Bancos con destrezas e inteligencia más que suficientes.
Pero quien debe mover la acción pública para desplegar las enormes capacidades investigativas del Estado dominicano, y funcionen como auxiliares judiciales, es el más político de todos los funcionarios judiciales –fenómeno no sólo local— pues responde directamente al Presidente: el procurador general equivalente a ministro de Justicia.
Aquí la puerca retorció el rabo según demuestra la designación de una magnífica comisión investigadora sobre Punta Catalina, apenas una de las obras de Odebrecht. Lo que nos espera como sociedad si desperdiciamos esta oportunidad será catastrófico.
