De diez países latinoamericanos donde Odebrecht sobornó funcionarios para asegurar contratos que luego sobrevaluaba para obtener fabulosas ganancias, en casi todos la Justicia está encaminando procesos para procurar condenas penales.
Corren grave riesgo de cárcel –y descrédito— políticos, expresidentes, funcionarios actuales y pasados, empresarios y abogados, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Casi todos esos sobornos están ligados a contribuciones políticas a partidos.
El propietario de Odebrecht “cantó” y está condenado en Brasil a 19 años de cárcel; en Estados Unidos, Suiza y Brasil la empresa acordó pagar hasta US$4,500 millones en multas.
Aquí inexplicablemente la indignación popular no ha bastado para esperanzar al país con alguna justicia mayor que recobrar el duplo del total sobornado, US$92 millones entre 2001 y 2014.
¿Y las sobrevaluaciones? ¿Y los destinatarios del soborno? ¿Y los “honorables” que participaron y ahora encubren el escándalo? No puede ser que los dominicanos seamos menos cojonudos que los ciudadanos de otros países que ante este Leviatán político-empresarial han dicho ¡basta ya! ¡Ya basta!
