Día por Día

Recientemente el Tribunal Constitucional, por su sentencia 0075-16, juzgó inconstitucionales tres artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, exonerando a directores de medios de responsabilidad penal por difamación, injuria y otros ilícitos contra el honor de las personas.

Estoy resueltamente opuesto a este concepto del Tribunal. Hay directores de medios bastante bellacos para quienes una exculpación penal a priori simplemente ampliará la olímpica alegría con que dejan deslizar pellizcos e insultos en sus medios. Ahora la responsabilidad correspondería sólo al presunto autor, cuyo escrito para publicarse pasa por cedazos éticos, legales, gramáticos y ortográficos, responsabilidad del editor.

Los directores son los llamados moral, ética y legalmente a responder cuando un medio incurre en responsabilidad civil o penal, abusando espuriamente de las libertades de prensa, imprenta y empresa. Ninguna ley puede imponer un código de ética; aflojar la fuerza legal que protege la honra ajena es un grave error que lamentaremos. Otorgar impunidad a buenos pero falibles directores (y otros malandros, narcisistas y mercenarios) difícilmente mejore nuestra prensa.