Los derechos laborales de los obreros y demás empleados están protegidos por la Constitución. Ninguna ley nueva puede quitarles nada retroactivamente.
Las denuncias al respecto son un cuco que ciertos pseudo-líderes sindicales pretenden agitar para oponerse a la modernización del Código de Trabajo.
Actualmente, el costo de crear un empleo nuevo es tan alto que la economía no incentiva adecuadamente la creación de suficientes nuevas plazas de trabajo, ni estimula la adecuada compensación transparente ni tampoco el ingreso a la economía formal de cientos de miles de negocios para los que cumplir las leyes laborales sería un suicidio, pues no podrían competir.
¿Este status quo es el que los gremios de trabajadores desean mantener sin cambios? Sin quitarle ni un gramo de peso a los derechos adquiridos, podría perfectamente legislarse para mejorar la ley, fomentar la creación de empleos y liberar la fuerza creativa de miles de emprendedores que están marginados.
