El Procurador General “instruyó a los fiscales y sus adjuntos ejercer la acción penal pública en todos los casos de violación del derecho de propiedad, por la introducción de cualquier persona sin permiso del propietario del inmueble”.
La medida motiva aplausos y fiesta, pero ¿hacen falta instrucciones especiales para cumplir la ley en algo tan esencial del ordenamiento jurídico como garantizar la propiedad privada?
La Asociación de Industrias, al celebrar la medida, opina que es un “importante avance hacia la promoción, fomento y protección de la propiedad inmobiliaria titulada”.
Pero sólo será así una vez las autoridades traduzcan esta “instrucción del procurador” en acciones policiales y judiciales drásticas y ejemplares.
La ocupación ilegal o invasión de terrenos urbanos o rurales, la falsificación de títulos y otras mañas dificultan que cualquier propietario preserve sus tierras, una de las razones básicas para delegar en el gobierno el monopolio de la violencia legal.
En vez de felicitar al procurador por una declaración, debemos exigirle cumplir cuanto antes ese propósito que es un imperativo judicial.
