Reitero: ningún país que quiera impulsar su industria y comercio puede permitir que un eslabón imprescindible de la economía, el transporte, lo controle algún grupo mafioso.
Este año varias veces distintos puertos estuvieron paralizados porque osados camioneros creen ser dueños absolutos del derecho a entrar y sacar mercancía. Carreteras y avenidas de acceso han sido escenario de incesantes conflictos cuando uno u otro “sindicato” de camioneros (realmente empresas) decide cualquier asunto atendiendo exclusivamente su interés sin importarle la suerte del cliente, algo ilógico.
(Como el concho, un “servicio público” ¡contra los pasajeros!). Igual a la mafia, entre transportistas no está permitido disentir con los capos… Dada la notoria disgregación de intereses empresariales, difícilmente dispondrán sus dirigentes suficiente testosterona o voluntad para unirse en defensa de las libertades de empresa, tránsito y asociación. ¡Sálvese cada cual!, luce ser la corrupta y anti-social consigna…
Pero urge que el país decida cómo solucionar este cuello de botella. ¿Quién se atreverá a legalmente partirle la parpartana o enderezarles el juicio a los patanes pataneros?
