A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional para regularizar la situación de inmigrantes ilegales que reclaman ser dominicanos, ciertos críticos –especialmente motivados foráneamente- invocan una mal entendida jerarquía de los acuerdos internacionales sobre la Constitución dominicana.
Es absurdo argüir que cualquier tratado internacional está por encima de la Constitución. Amigos abogados cuya sapiencia me merece respeto, además de ciertas lecturas añejas y cátedras recibidas de mi amigo Julio Brea Franco, ido a destiempo, concurren conmigo.
Supongamos que alguna entidad internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA o la agencia para refugiados de la ONU, decidiera que la isla Saona pertenece a Puerto Rico.
Y una sentencia nos mandara a renunciar a la Saona para entregarla a quien esa entidad haya determinado.
¿Estaría el país, cuya Constitución expresamente manda desde hace más de siglo y medio que el territorio dominicano es inalienable, obligado a amputarse una parte suya?
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