Wilfredo Mora
Hace 58 años que la imagen de muchos de nuestros desaparecidos está detenida. Con la revuelta de 1965, la memoria por tantos detenidos, encarcelados, torturados y secuestrados, también parece como detenida en el tiempo y todavía somos una sociedad que se resiste a buscar a sus hijos desaparecidos.
En ese sentido, ¿cómo podemos celebrar el Día Internacional de los Desaparecidos, auspiciado por las Naciones Unidas, desde 2011? Históricamente ha existido una indiferencia social por los que se han desaparecidos, por los que se perdieron.
Aunque la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU denomina este día “una efeméride por las desapariciones forzadas”; aunque la intención es “no ser un observador neutral ante la problemática, sino más bien proponer soluciones y aunar esfuerzos con los Gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente”, la magnitud del fenómeno de las desapariciones forzadas de personas va más allá de ser un día de recuerdo por la memoria de las víctimas vivas que se han perdido.
Una característica de las desapariciones forzadas de personas es la indignación. Con los acontecimientos de 1976, en la Argentina de Raúl Alfonsín, los tratamientos de verdad y justicia llevados adelante durante el gobierno de transición democrática, tuvieron orígenes similares a la lucha contra la injusticia de las desapariciones.
Con el Comité Dominicano de Familiares de Presos, Muertos y Desaparecidos, fundado el 25 de noviembre de 1966, una asociación de familiares de desaparecidos por la defensa de derechos humanos denunciaron la gravedad de un fenómeno que gozaba de una impunidad absoluta.
¿Cuántos desaparecieron y cuántos están desaparecidos? De ese evento histórico, y los oprobiosos 12 años de Balaguer, no fuimos capaces de contarlos.
Ahora nos enfrentamos a otras formas de desapariciones. No se acrisolan dentro del mal de la violencia política de otrora, pero sí dentro del crimen organizado y como un efecto casi directo del progreso social defectuoso que angustia a quien viva en una ciudad moderna cualquiera.
Al conocer de las intenciones del actual gobierno de dar apertura a la búsqueda de los desaparecidos a través del llamado Programa “Alerta Amber” (retroacrónimo que en español significa ‘personas perdidas de América: retransmisión de respuesta de emergencia’), debemos advertir a los desarrolladores del programa, que no se enfrentan a un problema que se solucione con un buscador de Twiter que diga: @AMBERAlert.
La experiencia por la que abogan los científicos del fenómeno fue siempre la existencia de numerosas irregularidades cometidas en las inhumaciones de cadáveres, sin identificar que se hacían sin control ni registro. Por eso, es necesario que existan asociaciones de familiares de desaparecidos, que la búsqueda incluya a la Cruz Roja Internacional, que cuenta con una legislación sólida y una mayor coordinación entre las diferentes instituciones para enfrentar el problema.
La creación del Registro Nacional de Desaparecidos, para la ubicación final de los cuerpos que existen en los cementerios sin identificar, y una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que servirá de eje coordinador de todas las diligencias para la localización del desaparecido o prevenir un posible delito de desaparición.
El instituto Nacional de Ciencias Forense de RD –la Policía científica–, es quien está llamado a dirigir esa comisión, y realizar esa gigantesca coordinación del trabajo.
La estrategia de que sea el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), la Policía Nacional, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), otros organismos públicos y privados, es incorrecta, señor presidente.
