Las personas, empresas y gobiernos tienen en común en que los tres incurren en deudas como manera de solventar sus inversiones y gastos. Los tres grupos también tienen el rasgo común de cuando incurren en deudas más allá de su capacidad de pagos se meten en problemas. Sobre todo, cuando mides esa capacidad como una relación entre los ingresos que genera y el costo de los intereses de sus deudas, y ni hablar del repago del principal.
En el caso de nuestro país, hemos visto el constante aumento de la deuda pública a lo largo de los últimos veinte años. Ya para abril de este año, el país debía unos US$66.5 mil millones en adición a unos US$16.4 mil millones de deuda cuasi fiscal correspondiente a las emisiones del Banco Central. Este total de US$82.8 mil millones requiere sólo para el pago de intereses el 1 % del producto interno bruto (PIB) y un promedio diario de RD$1,184 millones.
Para darnos una idea mejor de lo que representa esta deuda, la misma sobrepasa los US$7,500.00 por cada dominicano. Otra forma de comprender su magnitud es la participación de la deuda en relación con el total del PIB. Al cierre de los primeros cuatro meses del presente año, la deuda equivalió a 49.3 % del PIB. Al agregar la deuda del BCRD (12.2 % del PIB), la deuda pública consolidada se ubicó en 61.4 % del PIB.
Lo más triste de todas estas cifras es que las mismas se han suscitado como mecanismo para tapar el agujero presupuestario originado por constantes déficits fiscales causados en gran parte por gastos superfluos y subsidios innecesarios. En la actualidad los intereses de nuestra deuda pública consumen el 26 % del total de los ingresos fiscales.
Cualquier persona o empresa que sea sometida a este tipo de irresponsabilidad estaría en el camino cierto de la quiebra. En el caso del gobierno la situación es delicada por cuanto incurre en obligaciones que comprometen a futuras generaciones para apoyar políticas populistas en vez de las necesarias inversiones para asegurar un mañana más prometedora.
