Es notoria cierta tensión entre autoridades gubernamentales y voceros empresariales acerca del tema impositivo y la deuda pública.
Desde siempre, los funcionarios alegan que la presión fiscal es baja y muestran cifras que les dan razón.
E igualmente los ciudadanos, individuos o compañías, pegan el grito al Cielo quejándose no sólo de estratosféricas cargas fiscales sino de recibir a cambio muy poco, pues deben pagar seguros médicos, guardianes, colegios y universidades, plantas eléctricas y mil otras cananas privadas que el Estado debería proveer.
La crispación resalta por el ambiente enrarecido por el “verdor” del escándalo de Odebrecht, pero viene de mucho antes.
Ayer el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, opinó que la baja recaudación fiscal es un problema mayor que la deuda pública, que ronda 38% del PIB mientras el promedio latinoamericano es 41% del PIB.
Ambos asuntos –impuestos y deuda pública— son siameses, pues al requerir mayores ingresos los gobiernos sólo pueden cobrar más impuestos o endeudarse.
Este dilema merece solución con debates francos y transparentes, más pronto que tarde.
