Detener estudio ambiental del proyecto Romero genera preocupación en sector minero

El debate sobre la minería en República Dominicana no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental,

Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, ve en las protestas recientes de las comunidades un llamado al diálogo.  Elieser Tapia
Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, ve en las protestas recientes de las comunidades un llamado al diálogo. Elieser Tapia

Santo Domingo.- Martin Valerio, de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, alerta que detener el estudio de impacto ambiental en el proyecto Romero que llevaba a cabo la empresa Gold Quest no protege el medio ambiente, sino que deja sin el análisis riguroso que requiere la situación.

Sostuvo que el estudio de impacto ambiental es la herramienta que permitiría contar con los insumos necesarios para sostener una conversación informada, proceso que además se va socializando con las comunidades a medida que avanza.

Consideró que la medida debe tener una lectura transversal, al entender que la misma afecta principios jurídicos consagrados en la Constitución, como la seguridad jurídica y el debido proceso.

Agregó que esto podría reflejarse en otros sectores productivos de la República Dominicana.

Entiende que la empresa debe continuar su labor de socialización del proyecto y utilizar los mecanismos correspondientes para dialogar con el Gobierno, a fin de explicar la importancia de concluir el estudio de impacto ambiental, no solo para beneficio de la empresa, sino de la comunidad y del país.

Enfatizó que la culminación del estudio permitiría tomar decisiones con mayor información sobre los posibles impactos de la operación.

En un comunicado el gremio expresó su preocupación por los efectos institucionales, económicos y de confianza inversionista que genera esta decisión, vinculada al proyecto Romero, en la provincia San Juan, e insistió en que cualquier determinación sobre iniciativas de alto impacto debe sustentarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, obligaciones legales y coherencia con el debido proceso y el Plan META 2036.

Consideró que esta situación evidencia la necesidad impostergable de una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, seguridad jurídica, altos estándares ambientales, transparencia y participación social efectiva.

Señaló que el debate sobre la minería en República Dominicana no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino en cómo seguir construyendo un modelo de minería moderno y sostenible, sustentado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.

La Cámara valoró la disposición al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y ofreció su experiencia y conocimiento técnico para contribuir a ese proceso, dentro de un marco institucional que incluya comunidades, autoridades, especialistas ambientales, academia y sector productivo.

Se recuerda que en un mensaje dirigido al país por redes sociales, el mandatario Luis Abinader indicó que la decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

Sobre el autor

Dilenni Bonilla

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.