SANTO DOMINGO.- Acorralados, apátridas y con el futuro incierto se sienten decenas de miles de hombres y mujeres nacidos en República Dominicana, hijos de inmigrantes haitianos y que el Tribunal Constitucional Dominicano determinó que no pueden tener la nacionalidad dominicana si sus padres llegaron ilegalmente.
"Desbarató nuestros sueños, (…) las aspiraciones que teníamos. Yo estaba listo para firmar (contrato con un equipo de béisbol), con las 90 y 91 millas que tiraba y tampoco pude ejercerlo porque no tenía la identidad (los documentos)", cuenta a la AFP Yuly Paredes Senfa, de 23 años.
"Temo que la generación que venga no tenga capacidad de reclamar sus derechos y que se queden en stand by, que no sean ni de aquí ni de allá, como han querido hacer con nosotros", comenta por su parte Wichna Joseph, nacida hace 20 años en el país en una familia de 10 hermanos.
Yuly y Wichna viven a 10 minutos del centro de San Pedro de Macorís, provincia oriental a 70 kilómetros de Santo Domingo, en uno de los muchos 'bateyes' diseminados por el país, asentamientos donde se establecían los habitianos que cruzaban la frontera para trabajar en la caña de azúcar y donde han crecido sus descendientes.
Un camino pedregoso se va adentrando en el Batey Esperanza, sin calles ni veredas, donde estos dos jóvenes viven con unas 60 familias cuyo origen es Haití, nación con la que Dominicana comparte la isla La Española.
Una radio con altoparlantes difunde de forma estridente una bachata, que se escucha en todo el sector, al estilo de cualquier barrio dominicano.
Según cifras oficiales, unos 240.000 descendientes de haitianos quedaron afectados a finales de septiembre por un fallo del Tribunal Constitucional, que determinó que los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito no podrán adoptar la nacionalidad, una polémica decisión retroactiva a 1929.
La sentencia del TC se dio en respuesta al recurso interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, para pedir que la Junta Central Electoral (JCE) le devolviera su acta de nacimiento y su cédula como dominicana.
En 2007, este organismo resolvió anular sus actas de nacimiento y negarles la cédula a los hijos de inmigrantes ilegales, con lo que no pueden trabajar, estudiar en la universidad, abrir cuentas bancarias, acceder a servicios de salud y al plan de pensiones.
Antonio Paul Emil, activista de los derechos de los domínico-haitianos, recuerda que en anteriores dispositivos legales la transitoriedad está limitada a 10 días, por lo que es imposible pretender que los padres de Deguis se consideren de tránsito.
