Johnny Guerrero
La herencia de más de trescientos años de dominio colonial español y el vínculo neocolonial impuesto desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con empréstitos lesivos al interés nacional, que continúan al día de hoy, impusieron al país un sistema económico basado en la producción de alimentos para postres: caña de azúcar, cacao, cocos, bananos, aguacates, etc., lo que se conoce como la división internacional del trabajo, que fue creada por las potencias para satisfacer sus necesidades alimentarias y poder dedicar sus economías a la industrialización de los bienes producidos en sus colonias y neocolonias.
Ese régimen productivo impuesto al país se ha eternizado, y bajo ese criterio imperial de división internacional del trabajo, se ha impedido que el Estado dominicano explote e industrialice sus recursos naturales, las riquezas del subsuelo, especialmente, sus grandes reservas auríferas, con lo cual se daría un gran empuje al crecimiento económico y al desarrollo del país, y se pagaría la gran deuda social pendiente con el pueblo dominicano, que elevaría a condiciones nunca vistas en su calidad de vida.
El Estado dominicano, contrario a toda lógica ha asumido la imposición de las potencias mundiales, manteniendo incólume la producción de postres. A su vez, los gobiernos de turno no paran de entregar las riquezas mineras del país a transnacionales de capital canadiense- estadounidense, y a empresarios nativos y extranjeros, a quienes se le han otorgado concesiones mineras en toda la geografía nacional.
Esos actos incalificables se han realizado cumpliendo fielmente con las recetas neoliberales impuestas por instituciones financieras internacionales, que privan al Estado dominicano de asumir la explotación, industrialización y administración de las riquezas del subsuelo. Contrariamente, los gobernantes del PLD en su momento vendieron todas las empresas del Estado al sector privado; con el agravante de que fueron operaciones comerciales viles, a precio de vaca muerta.
Con un aparato productivo nacional diseñado de tal manera, el país ha sido sumido en crisis permanentes, con los precios de los combustibles y las divisas flotantes, con una alta tasa inflacionaria, que ha llevado a la más extrema pobreza a los trabajadores del país, pues sus sueldos y salarios no se corresponden en lo más mínimo con el precio de la canasta básica familiar; y los pequeños y medianos productores agrícolas empobrecidos por los bajos precios que reciben de sus productos y por los efectos ocasionados por eventos naturales como los ciclones y huracanes que destruyen sus plantaciones.
Peor aún, los gobernantes de turno, tanto los pasados como el presente, han llevado el país a endeudarse cada vez más, con una deuda impagable, consolidada en más de 54 mil millones de dólares, cuyo pago de intereses comprometen el 44.8 % del PIB.
Endeudar el país a esos niveles constituye un acto de alta peligrosidad, pues tal endeudamiento y el pago de intereses tan elevados privan al Estado de cumplir con el objetivo nacional de desarrollar el país, y sobre todo, pone en peligro la soberanía nacional, que por un problema de deudas fue vulnerada a principios del siglo XX, con la intervención de las aduanas por parte de una potencia extranjera acreedora, que basándose en esa misma deuda, invadió la nación en 1916 e instaló un gobierno militar encabezado por extranjeros, que duró hasta 1924.
Se hace necesario romper con el régimen productivo heredado de la colonia española y de la neocolonia actual, incentivando la industrialización de nuestros productos agrícolas, convertirlos en productos terminados, para el consumo local y para la exportación.
De igual modo, las riquezas auríferas del país deben ser explotadas e industrializadas por el Estado dominicano. Esos valores agregados a las riquezas nacionales contribuirían al desarrollo del país y mejoraría la calidad de vida del pueblo dominicano.
