El contrabando de armas y municiones es consecuencia directa de una equivocada prohibición a su importación legal, puesto que se permite tener y portar armas, la cacería, el tiro deportivo y la seguridad privada.
El gobierno cobra altísimos impuestos por la venta de escopetas, pistolas y revólveres y hasta riflitos de aire, pero salga usted a buscar cartuchos o cápsulas o perdigones; más fácil y barato es conseguir muelas de garza.
Y esa escasez, junto con las actividades ilegales de delincuentes, estimula el tráfico, pues “invertir” cien mil dólares en este comercio puede ser más lucrativo que negociar con cocaína.
Los intereses ocultos de la ilícita venta son tan peligrosos y poderosos como los de la droga y quizás hasta prefieran la ilegalidad, pues incrementan los márgenes y se ahorran impuestos y supervisión oficial.
Es absurdo que se cobren miles de pesos por una licencia de cacería y que luego no aparezcan cartuchos legalmente. Las granadas, ametralladoras y demás son otra cosa, pero a los ciudadanos honrados deberían ahorrarles este drama.
