Es pésima idea que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, se proponga confiscar las armas en manos de civiles en un supuesto plan de desarme que luce más como un esfuerzo de recaudación del ingreso que genera el pago de los permisos de tenencia o porte.
Poseer una pistola o escopeta adquirida y registrada legalmente, aunque no esté renovado su permiso, es una de las pocas maneras en que los ciudadanos pueden aspirar a alguna protección o defensa personal contra la creciente criminalidad.
Los planes de desarme generalmente quitan armas a buenos ciudadanos, pero las que son ilegales quedan en manos de los delincuentes.
Lo curioso es que, pese a la prohibición de importar armas y municiones, desde 2006, el comercio continúa clandestinamente, e incluso hay miles de primeros registros de armas nuevas.
Si de casi 240,000 armas registradas sólo renuevan anualmente apenas 50,000, conviene más al gobierno procurar maneras inteligentes para motivar al pago en vez de amenazar con dejar desarmada a una población inerme ante los delincuentes.
