Periodista Luis García
Las controversias generadas en las últimas semanas en torno a la iniciativa de modificación constitucional propuesta y defendida por el presidente Luis Abinader, cuyo gobierno cuenta con mayoría legislativa, han puesto de manifiesto el desafío democrático que implica gobernar sin contrapeso político.
El rechazo público a la propuesta del Poder Ejecutivo de parte de las principales fuerzas políticas de la oposición coloca al oficialismo en la disyuntiva de buscar el consenso o imponer su poder legal obtenido en las urnas en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de este año.
Esta última generaría, sin embargo, un estado de cuestionamiento permanente a la institucionalidad democrática durante todo el trayecto del período constitucional 2024-2028.
Uno de los grandes desafíos que tienen por delante los sistemas democráticos consiste en garantizar la gobernabilidad como imperativo del mantenimiento de la paz social en estos tiempos difíciles.
El concepto de gobernabilidad se enmarca en la capacidad de un determinado gobierno, que se da siempre en un ámbito social nada aséptico, en el que siempre se van a registrar demandas ciudadanas que, en mayor o menor medida, pasan por el tamiz del sistema político.
La cuestión nodal radica en que quienes gobiernen recaerá la mayor responsabilidad en que las acciones que se adopten en el ámbito político sean las más justas y equitativas posibles, de conformidad con el equilibrio de los poderes públicos consagrado taxativamente en la Constitución de la República.
En un contexto amplio de las ciencias sociales, todo ello conlleva a que la gobernabilidad venga condicionada por los mecanismos en que se produce la acción de gobierno; se trata de criterios de representación política, de los niveles de participación política, de los sistemas de partidos existentes y de los arreglos institucionales que regulan las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Desde el mismo momento en que una agrupación política, por sí sola, o en alianza con otras, deciden romper con esos arreglos institucionales y el equilibrio que habrá de primar entre los poderes públicos, inmediatamente se estará perdiendo la oportunidad de garantizar la gobernabilidad en la sociedad de la que se trate.
Las imposiciones, a través de mayoría mecánica en parlamentos o congresos, no resultan buenas recomendaciones en momentos en que la crisis sanitaria mundial amenaza con desatar grandes convulsiones sociales, ante la incapacidad de los gobiernos de atender demandas de los segmentos poblacionales más vulnerables.
Representación y participación son variables que inciden en la configuración de los sistemas de partidos y éstos, a su vez, condicionan, la acción de gobierno, en toda sociedad que se estima verdaderamente democrática.
Paralelamente a la gobernabilidad necesaria, las imposiciones sobre minorías partidarias, también, ponen en tela de juicio la cuestión moral, en virtud de que en toda actuación en la política se supone la mediación del componente ético. No todo se vale en la política. La moral cuenta, y mucho.
El hecho de desconocer los parámetros de la gobernabilidad, además, trae consigo implicaciones de carácter económico. Solía escuchar, con cierta frecuencia, al profesor Juan Bosch decir que de todas las actividades que realiza el ser humano, probablemente la más importante era la económica, debido a que de ella se derivaban todas las demás, incluyendo la política.
Ojalá que el presidente Abinader reciba los mejores consejos para manejar su segundo mandato en República Dominicana en medio de un complejo panorama político, económico y social.
Aunque parezca una idea contradictoria, a veces resulta más cómodo gobernar un Estado a partir de una minoría congresual que con una mayoría absoluta que imponga todas las acciones provenientes del Poder Ejecutivo.
