Bajo el lema “Construyamos una cultura de paz” se efectuó la semana recién concluida un seminario internacional sobre “Derechos humanos y democracia en América Latina”.
El mismo se produjo en el salón de eventos del Centro Montalvo, con la participación de las universidades jesuitas de América Latina (11 universidades), y otras dos instituciones de servicios comunitarios.
La pertinencia permanente de temáticas como la referida, en países como los de América Latina y el Caribe, está fuera de toda duda.
La necesidad de crear bases y actuar para garantizar en la región las condiciones para que los pueblos puedan vivir una vida humana digna y adecuada, será, durante un tiempo, materia de primer orden.
La vigencia del tema encuentra, por demás, justificación en los sufrimientos humanos derivados de la falta de justicia, así como la absurda realidad de una gran cantidad de derechos que se firman y se consagran, pero no se cumplen.
Ciertamente el marco socio-político en que se desarrollan las acciones para proteger y demandar el respeto a los derechos humanos es un contexto de marasmo institucional, de desinstitucionalización de las instituciones, de recurrentes crisis en el estado de derecho; un contexto caracterizado por la existencia de millones de personas excluidas y sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, de adultos mayores e infantes que no ven cristalizarse los derechos consagrados en las constituciones nacionales, de abundantes y desesperados emigrantes, de desigualdades económicas y sociales, de discriminación de la mujer y de grupos minoritarios, de autoritarismo político, de corrupción, de violencia, de criminalidad, de inseguridad.
Todas las anteriores características son condiciones que atentan abiertamente contra los derechos humanos. Son realidades que constituyen una amenaza contra la libertad humana, atributo éste definido como esencial dentro del concepto de desarrollo humano.
En nuestro país son graves atentados a los derechos humanos los actos cobardes de asesinatos a policías y militares para despojarlos de sus armas de reglamento.
Son actos de violación a los derechos humanos, la ejecución de individuos ya apresados por agentes policiales.
Atentado contra los derechos humanos es proferir calificativos a profesionales honestos creadores de opinión e insobornables defensores del humanismo y de las causas populares, para promover el odio hacia ellos y acciones contra su integridad, tal como es el caso actual del reconocido periodista Marino Zapete y de otros.
Las autoridades de gobierno no deben dejar que se “equivoquen” los que con sus actos pretenden retrotraer el país a 40 años atrás.
Finalmente, reclamamos del gobierno políticas públicas y acciones que aseguren los derechos humanos, y pedimos a las instituciones políticas, educativas, de comunicación y religiosas, tomar conciencia de su papel para hacer ver el vínculo estrecho entre el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia.
