Médicos de la Maternidad de Los Mina.
SANTO DOMINGO.-Una constante que no ha variado durante los 46 días que lleva el país en Estado de Emergencia por la crisis sanitaria, son las quejas y denuncias del personal de salud que trabaja en la línea de fuego para enfrentar el COVID-19 en los centros de salud.
Desde maltratos, reprensiones, limitación de los equipos de seguridad, baja calidad de los alimentos y carencia de transporte, son los temas que no cesan en el grito de todos los días entre las enfermeras y médicos.
A parte de esto, el riesgo al contagio es casi inminente. Oficialmente existen unos 103 colaboradores de salud positivos al virus, muchos de ellos infectados en el ejercicio de su labor, de los cuales casi el 50% son jóvenes que no superan los 39 años.
Otros de los especialistas que expresan inconformidad y que hasta ahora no se habían pronunciado, son los emergenciólogos, quienes aseguran que trabajan en malas condiciones por la falta de equipos de protección y claman ser reconocidos por las autoridades para los incentivos médicos.
Dicho clamor responde al doctor Hairo González, quien presta servicios en el Hospital de Ciudad Juan Bosch. El galeno manifestó su indignación porque los emergenciólogos no son tomados en cuenta en los incentivos que dispuso la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a pesar de ser los médicos que están al frente de las emergencias recibiendo los casos de COVID-19.
Además, alega que las carencias de equipos de bioseguridad han generado infecciones en muchos de ellos, quienes para su seguridad deben comprar con su propio dinero materiales de resguardo.
Cancelación por quejas
Muchas de estas denuncias han repercutido en cancelaciones de servidores, como es el caso de Luz Martínez, una enfermera quien fue cancelada hace una semana, tras doce años de servicios en el Hospital de la Policía Nacional.
Su despido se produjo a causa de haber denunciado, por las redes sociales, las calamidades que atraviesan las enfermeras de allí para llegar a sus casas porque no encuentran trasporte al salir del servicio de 24 horas.
Esto debido a que por el toque de queda, escasea el trasporte público, y otros trasportistas se aprovechan de la situación para aumentar el precio del pasaje, obligándolas a pagar taxi o el trasporte más costosos, de los siete y 20 mil pesos que devengan en el referido hospital.
Martínez expresó que las autoridades de allí se muestran indiferentes ante su situación e incluso, según ella, les invitaban a ir buscando otro trabajo de seguir su inconformidad.
También su salud se vio a afectada por la carga de trabajo, pues reveló que recientemente sufrió de una afección pulmonar que le obligó estar fuera por varios días de licencia, misma que le fue cedida por múltiples insistencia de ella.
Además, denunció que algunas compañeras han querido renunciar, pero según ella, les amenazan con cancelarle la matricula si lo hacen.
De su lado, la presidenta de la Asociación Nacional de enfermería (Asonaen), Francisca Peguero, lamentó que todavía este sector padezcan de este tipo de situaciones, a pesar de los llamados y ruegos a las autoridades para su atención.
En reiteradas ocasiones dijo que más de 30 enfermeras estaban contagiadas por el virus y otras están fuera por ser personas de alto riesgo, lo la cual redujo la capacidad de personal hasta en un 40%.
Recientemente el Colegio Médico Dominicano (CMD) condenó la agresión a un residente médico en el Hospital Moscoso Puello, donde un miembro de la Policía Nacional abofeteó al galeno mientras este atendía a una mujer herida de bala.
El gremio acusó al Gobierno de estas agresiones, pues a su juicio las declaraciones de que los médicos no asisten a los hospitales, para el sindicato es un caldo de cultivo para que la población genere predisposición contra los galenos.
