Santo Domingo. – La suspensión del contrato entre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la empresa Farmacard por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), fue producto de una solicitud de investigación presentada por un ciudadano, a través de la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L.
A este tipo de requerimiento se le denomina “solicitud de parte”, y según explicó Katherine Gutiérrez, directora de Investigación y Reclamos del organismo, esta es una de las facultades con que cuenta la institución para velar por el cumplimiento de los procedimientos en la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones por parte del Estado.
“Se canceló porque hubo una contratación directa”, explicó el titular de la entidad, Carlos Pimentel, al participar este miércoles en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Agregó que Senasa incumplió con la Ley 340-06, al justificar la contratación de Farmacard bajo el argumento de que estaba habilitada como prestadora de servicios de salud. Sin embargo, de acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la empresa no está registrada en ese renglón.
“Consultamos a la Sisalril, que emitió un oficio donde indica claramente que esa empresa no es prestadora de servicios de salud. Y al no serlo, debió regirse por la Ley 340-06”, apuntó.
Pimentel también aprovechó la ocasión para informar que la DGCP siempre dará curso a investigaciones originadas por denuncias en medios de comunicación, de ciudadanos u organismos de la sociedad civil, cuando se identifiquen indicios de información veraz y con mérito.
Para ello, indicó que ya cuentan con un procedimiento establecido, enfocado en la detección y verificación de la información, con el fin de evitar ser víctimas de un engaño.
“Tenemos una Dirección General de Contrataciones que tiene el oído puesto y que actúa cuando tiene información que considera tiene mérito y veraz. Agradecemos el periodismo serio y responsable, a los ciudadanos y las organizaciones que están aportando y contribuyendo para generar mayores niveles de transparencia en el país”, subrayó.
A la espera del cumplimiento
Tras la anulación del contrato, Senasa tiene un plazo de 60 días para lanzar un nuevo proceso, con la finalidad de adjudicar un proveedor que ofrezca los servicios que requiere, apegado a los requerimientos de la ley 340-06.
Pimentel subrayó que, para tales fines, se consideró el impacto en el interés general, motivo por el se otorgó un tiempo razonable para convocar un procedimiento de contratación conforme a normativa vigente.
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