Carlos Salcedo
En 2021 nuestro país suscribió con el Reino de los Países Bajos un acuerdo de delimitación marítima.
Algunas personas, sólo por fe, sin racionalidad, afirman que dicho convenio afecta los intereses nacionales y es violatorio de nuestra soberanía marítima y la Constitución.
Contrario a dichas aseveraciones, mediante Sentencia TC/0547/24, el Tribunal Constitucional (TC) declaró dicho acuerdo conforme a la Constitución, siendo dicha decisión vinculante para todos los órganos del Estado (art. 184 CR).
Los mismos autodenominados adalides de la independencia, sinrazón jurídica y científica, con los mismos llamados apocalípticos de siempre, cuestionarán a quienes osen alejarse de sus opiniones, dadas ex cathedra.
Pero, este TC es el mismo que, en 2013 dictó la Sentencia 168/13, que desnacionaliza dominicanos, y la Sentencia 256/14 que nos desvincula de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas, a mi juicio, yerran en sus fundamentos jurídicos, constitucionales y convencionales. Sin embargo, como demócratas, las respetamos. Esa es y así funciona la democracia.
Sólo si las decisiones comulgan con sus intereses, los autoproclamados héroes nacionalistas entienden que el TC actúa correctamente.
El que esos dogmáticos inquisitoriales pretendan hacer de los votos disidentes de la reciente sentencia, la decisión mayoritaria del TC, es desconocer el principio democrático, reflejado en la mayoría del TC que consideró el acuerdo no censurable constitucionalmente.
Estos adalides de la soberanía, la dominicanidad y el patriotismo, al referirse al acuerdo, falsean los hechos, pues no es verdad que el país regaló doscientas millas náuticas. Por el contrario, ganamos once millas náuticas cuadradas en las negociaciones.
El país no se dejó cubiar. En las rondas del convenio estuvimos representados por todas las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional de Delimitación Marítima, la que, con el mejor apoyo técnico y ético posible, nacional e internacional, aprobó dicho acuerdo, por ser lo más favorable para el país.
Obviamente, cerrarle el paso a los jackvenemos de nuestros orígenes, tierras, aires y mares, por la vía institucional, como ha ocurrido, es quitarles una excusa para sus batallas en procura de mantenerse en la palestra pública y obtener réditos políticos.
La incertidumbre sobre los límites de nuestras propiedades marítimas han quedado atrás, parcialmente. Esto fue avalado por el TC. Falta ahora la mandatoria aprobación congresual. Lo opuesto sería continuar en el limbo en el que aún nos encontramos.
