Awilda Cuello 
SANTO DOMINGO.- La figura del delator premiado vuelve a ser una pieza clave en un proceso indagatorio o acusatorio del Ministerio Público.
Aunque la figura no es nueva, ha sido en la actual gestión cuando se le dado uso como en el caso Coral, la Operación 13 y actualmente en la operación Medusa.
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En el caso de la Operación Coral, la imputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez se ha posicionado como una pieza clave durante el proceso de investigación, al igual que Raúl Girón Jiménez en el Caso Coral.
Rainery Elizabeth Medina Sánchez, era la encargada del Almacén y Suministro de la Procuraduría, fue sometida a la justicia por el robo de 710 televisores plasmas y otros equipos para el sistema penitenciario, es delatora de las supuestas infracciones en la Procuraduría.
Delaciones premiadas
El abogado Félix Portes explicó que las delaciones de co-imputados en un proceso no son pruebas, sino informaciones que el Ministerio Público puede utilizar para recopilar pruebas objetivas.
«Lo importante de esta delación premiada no es que lo que la persona declare va a condenar a nadie, o pueda tomarse como elemento de prueba, sino que son informaciones que el Ministerio público debe utilizar para recopilar pruebas objetivas , es que desde ahí pueden surgir un sinnúmero de investigaciones», indicó el jurista al ser entrevistado en el programa radial Cuentas Claras.
Imputados
Los apresados, además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, son Miguel José Moya, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes se encuentran desde la media tarde de ayer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad a la espera de que se les conozca medida de coerción.
Otros implicados en el caso son Rafael Stefano Canó Sacco, Jenny Marte Peña, Alejandro Martín Rosa Llanes, Braulio Michel Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz, Johannatan Loanders Medina Reyes, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
Acceso ilícito
Los investigados habrían creado acceso ilícito al sistema informático de la Procuraduría denominado Keylogger para moniterear desde cualquier lugar y de manera remota las computadoras del área administrativa y de los fiscales, logrando tener el control de los procesos penales para tener la facilidad de borrar, alterar y eliminar informaciones almacenadas en los discos duros.
Según la orden de allanamiento, los implicados suprimieron, alteraron y suplantaron de manera irregular para la emisión de un cheque por un valor de RD$34 millones.
Contratación irregular
El documento establece que los imputados mediante maniobras fraudulentas realizaban compras irregulares de varios millones a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez por la Procuraduría, sin embargo, no existe constancia de que realizó el servicio, pero sí de que cobró RD$50 millones.
Los implicados en la denominada ‘Operación Medusa’ también habrían dado entradas ficticias y adulteradas al almacén de la Procuraduría de equipos, mercancías y materiales de construcción que no eran tales.
Fondo para campaña
De acuerdo con el documento varios empleados de la Procuraduría eran utilizados para realizar proselitismo político pagados con fondos de la Procuraduría. También hicieron uso de los vehículos incautados para hacer trabajos de campaña políticas del año 2020.
