Carlos Salcedo
La democracia delegativa latinoamericana (O’Donnell), está caracterizada por una estructura y proceso que debilitan las instituciones públicas y se distingue por simular que tiene una democracia liberal, pero en realidad sus instituciones políticas son frágiles.
Este espacio es el adecuado para un ejercicio de poder arbitrario, con serias violaciones de los derechos humanos, con toda la carga de debilitamiento de los sistemas democráticos.
Es nada más y nada menos que una manifestación del cinismo político, de dobleces e hipocresías, porque en los hechos los gobernantes se comportan autoritariamente.
Son regímenes políticos cuyas instituciones políticas formalmente democráticas enmascaran la realidad de una dominación y gobiernos autoritarios (Lipset).
Las pseudodemocracias en los regímenes políticos con instituciones democráticas legitiman gobiernos autoritarios. Y es que por sí mismas, las instituciones democráticas no garantizan el éxito de la aplicación de las políticas públicas.
Pero, el vaciado ideológico de los partidos políticos y de compromiso con la democracia representativa y republicana, ha posibilitado la posdemocracia, que une la ideología del libre mercado y la democracia liberal y acerca la política económica neoliberal y la democracia, legitimando con ello el sistema político resultante y particularmente al capitalismo como un instrumento democratizador que posibilita legitimar un gobierno (Vargas Hernández).
El cambio está dado porque la democracia liberal representativa no satisface los requerimientos de un sistema político democrático, en la que los miembros de la comunidad participan activamente en los procesos de elaboración de normas.
De ahí que, la democracia liberal representativa se encuentra agotada y esto porque los ciudadanos no participan en la elaboración normativa que luego están obligados a cumplir.
Pero, para que exista una democracia representativa operativa se necesita de una ciudadanía activa, interesada en los asuntos públicos y en la política para que existan los mejores niveles de legitimación y se convierta en la fuerza que guía a la sociedad.
Una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales y un Estado Constitucional y Convencional de Derecho legitimado son exigencias de un sistema democrático.
El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en dicho Estado y en el sistema democrático son la base de la descentralización y del control social.
