Ángel Martínez, detenido otra vez en «La Carcelita»

El juez ordenó su retención por conducta grosera durante la audiencia por difamación e injuria contra la ministra Faride Raful.

SANTO DOMINGO.-El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, ordenó la retención del autodenominado detective Ángel Martínez, tras cometer delito de audiencia por su conducta grosera en la sala del tribunal donde se conocería la solicitud de medida de coerción en su contra por imputaciones de difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La decisión fue tomada luego de que el magistrado acogiera un pedimento del abogado Miguel Valerio, representante legal de la funcionaria, quien alegó que la actitud irrespetuosa del imputado hacia la autoridad judicial constituye un mal ejemplo y recordó que «nadie está por encima de la ley».

Además, el juez impuso una sanción al abogado Percival Peña, miembro de la defensa de Martínez, por incurrir en litigación temeraria durante la audiencia. La multa equivale a quince días de salario de un juez, y, de no ser pagada, Peña no podrá ejercer la abogacía. Esta medida fue adoptada a solicitud del Ministerio Público.

El fallo será notificado al Colegio de Abogados de República Dominicana para su debida ponderación. Mientras tanto, el imputado deberá ser representado por un defensor público en el proceso.

A raíz de estos incidentes, el juez aplazó para el próximo martes la audiencia de conocimiento de medida de coerción. El Ministerio Público solicita una garantía económica de dos millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país para Martínez, acusado de difamación e injuria en perjuicio de la ministra Raful.

Difamación e injuria

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró la pasada semana que está decidida a llevar “hasta las últimas consecuencias” la querella interpuesta contra Ángel Martínez por presunta difamación e injuria.

La funcionaria rechazó cualquier posibilidad de disculpas superficiales o acuerdos extrajudiciales que dejen impune el daño causado a su integridad y reputación.

El abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful, afirmó que la acción judicial no se basa en asuntos de la vida privada de la ministra, sino en la difusión de informaciones “totalmente falsas” que buscan socavar su imagen pública.

Ángel Martínez. Foto Chaimy Soriano

“En este caso particular, más que la vida íntima de la persona, se trata de una información totalmente falsa. Yo agrego: rastrera, sin vergüenza, sin fundamento alguno”, dijo Valerio en el Programa El Día.

La querella fue depositada el pasado 30 de mayo en la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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