Julian Assange,
Miami.- Estados Unidos ha protegido más a los periodistas en investigaciones sobre asuntos federales, pero al mismo tiempo ha recibido críticas de los defensores de la libertad de prensa por “perseguir” el enjuiciamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según un informe divulgado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
A nivel federal, afirma el organismo con sede en Miami (Florida), el posible enjuiciamiento en EE.UU. del fundador de WikiLeaks por la publicación de información gubernamental clasificada sigue preocupando a los defensores de la libertad de prensa.
Sobre investigaciones de la prensa estadounidense, el informe cita que, en julio pasado, el Departamento de Justicia del país “actualizó y reforzó significativamente las pautas internas para impedir que los fiscales se apoderen de la fuente de información y los registros de los periodistas».
De acuerdo con el documento, divulgado en el marco de la 77 Asamblea General de la SIP, inaugurada hoy, “el cambio se produjo después de informes alarmantes de que el Departamento de Justicia, bajo los presidentes (Donald) Trump y (Joe) Biden, había retenido en secreto, o tratado de incautar, registros de correos electrónicos y teléfonos de reporteros».
La SIP se refiere en concreto a investigaciones y filtraciones realizadas por The New York Times, Washington Post y CNN.
Según el organismo regional, los defensores de la libertad de prensa elogiaron la nueva política, pero pidieron al Congreso que codifique sus protecciones, dado que las reglas internas están sujetas a cambios por parte de las administraciones futuras.
EL CASO DEL FUNDADOR DE WIKILEAKS
En 2019, recuerda el informe, la administración de Trump obtuvo de un Gran Jurado una acusación contra Assange bajo la Ley de Espionaje.
“Esta acusación sentó un precedente escalofriante para los periodistas que informan sobre asuntos gubernamentales, ya que la Ley de Espionaje no contiene excepciones para revelar información de interés periodístico a los miembros de la prensa o por estos”, refiere el documento.
Igualmente, hace hincapié en que, bajo la administración de Biden, el Departamento de Justicia ha seguido buscando la extradición de Assange del Reino Unido para continuar su enjuiciamiento en los Estados Unidos.
ATAQUES EN COBERTURAS DE LA PANDEMIA Y LA JUSTICIA RACIAL
El documento de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, que se realiza de manera virtual hasta el próximo viernes, denuncia además el arresto y ataque a periodistas mientras cubrían protestas, particularmente en manifestaciones contra las regulaciones establecidas por gobiernos locales ante la covid-19 y protestas por la justicia racial.
Así, un centenar de periodistas de 54 medios estadounidenses han sido atacados físicamente desde el inicio de 2021 por estos motivos.
La SIP cita el episodio ocurrido el pasado 15 de agosto en Los Ángeles, donde al menos tres periodistas fueron golpeados, pateados o rociados con gas pimienta por agentes policiales durante una manifestación antivacunas.
También, amplía, varios comunicadores fueron atacados y agredidos en los estados de Oregon, Florida y Michigan por manifestantes contrarios a la inmunización.
La SIP basa su informe en datos publicados por U.S. Press Freedom Tracker, un sitio web no partidista que agrupa información de unas dos docenas de grupos contra las violaciones a la libertad de prensa en Estados Unidos.
Esta misma fuente informó de un total de 55 arrestos o detenciones de periodistas mientras realizaban su trabajo en lo que va de año, mientras que en 2020 fueron 142 los detenidos.
“Estas cifras representan un marcado aumento con respecto a años anteriores”, advierte la SIP, en contraste con los nueve arrestos a comunicadores contabilizados en 2019.
Al mismo tiempo “hemos seguido viendo numerosas demandas por difamación contra los medios de comunicación”, afirmó el organismo.
Aunque a nivel estatal “se han continuado promulgando y fortaleciendo leyes que protegen a los periodistas”, la SIP menciona el caso de Florida, donde su gobernador, el republicano Ron
DeSantis, “prohibió a toda la prensa, excepto a Fox News, cubrir su firma en mayo de la controvertida ley electoral».
Se trata, dice el organismo, de “un acto que los expertos legales calificaron de inconstitucional».
