Recusan juez que conoce coerción
SANTO DOMINGO.- Las defensas de los cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, recusaron este viernes al juez Pablo Imbert Rosario, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoce la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
Lo que la fiscal Magali Sánchez, del equipo litigante que representa al Ministerio Público calificó como una táctica dilatoria.
“La defensa, utilizando tácticas dilatorias e inclusive algunos de los abogados fueron condenados por litigación temeraria a 15 días de salario”, expuso.
La recusación es dentro del derecho procesal, es el acto a través del cual se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada.
Solicitud de coerción
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva en contra de cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional.
La medida fue solicitada para el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García. También, para los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.
El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra De los Santos Correa.
