La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar, solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público, alegando que el proceso está viciado desde su origen y que se ha incurrido en fraude procesal.
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas expusieron sus argumentos ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez. Sostuvieron que el Ministerio Público persigue penalmente a una persona que no participó en los hechos, mientras protege a quienes sí tuvieron un rol directo en las supuestas operaciones ilícitas.
Asimismo, denunciaron que el órgano acusador coordinó con los verdaderos responsables de los hechos imputados a Gonzalo Castillo, quienes fueron excluidos del expediente mediante la aplicación del criterio de oportunidad.
Alegan acusación fuera de plazo y desacato judicial
Los juristas aseguraron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó la acusación fuera del plazo límite del 30 de abril de 2024, establecido mediante intimación expresa del Segundo Juzgado de la Instrucción.
Para sustentar sus argumentos, la defensa presentó pruebas documentales que, según afirman, demuestran que la acusación no fue depositada dentro del plazo legal y que la versión del Ministerio Público, que sitúa el depósito el 25 de abril de 2024, resulta insostenible, contradictoria y refutada por certificaciones oficiales del sistema judicial.
Explicaron que, durante el primer día de la audiencia preliminar, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber recibido la acusación el 25 de abril y haber remitido el expediente al Cuarto Juzgado el 30 del mismo mes. Sin embargo, dicho tribunal certificó que no recibió la acusación ni las pruebas en esa fecha ni durante esa semana.
De acuerdo con el Cuarto Juzgado de la Instrucción, el expediente fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025, mientras que el auto de apoderamiento, que debía acompañar la acusación, fue recibido el 6 de mayo, y no el 30 de abril como se había indicado.
Señalan acuerdos irregulares con principales responsables
Durante la audiencia preliminar, la defensa afirmó que el Ministerio Público construyó su expediente a partir de acuerdos con personas que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevadas al banquillo de los acusados.
Entre los señalados figuran Fernando Crisóstomo, identificado como uno de los organizadores del entramado junto a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, todos beneficiados con criterios de oportunidad, pese a haber reconocido su participación directa en los hechos. Para la defensa, estos debieron ser los principales imputados y no testigos protegidos.
También mencionaron a Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, quien habría coordinado con Crisóstomo retiros de grandes sumas de dinero en efectivo, y que, pese a su rol, fue presentado como testigo por el Ministerio Público.
Los abogados indicaron que conversaciones de WhatsApp incorporadas en la propia acusación evidencian que Crisóstomo informó a Báez Batista sobre contactos y coordinaciones directas con actores influyentes dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera un juez apoderado del proceso.
Audiencia continuará este viernes
Acosta, Perdomo y Rivas afirmaron que estos elementos confirman que el proceso está viciado desde su inicio, por lo que reiteraron su solicitud de nulidad de la acusación, al considerar que se persigue a quien no participó en los hechos y se protege a quienes sí lo hicieron.
Tras concluir la exposición de la defensa de Gonzalo Castillo, la magistrada aplazó la audiencia preliminar para este viernes, cuando continuará escuchando los alegatos de los demás imputados.
En el proceso también figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta, entre otros, acusados de formar parte de una estructura que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones.
Según el Ministerio Público, el entramado desvió fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020, en el expediente conocido como caso Calamar.
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