Senabri Silvestre 
Santo Domingo.-Contrario a países, como: Panamá, Estados Unidos o Perú, donde una sola entidad se ocupa de la defensa del consumidor y empresas, la República Dominicana tiene más de siete, en las que el Estado destina un monto superior a RD$573.9 millones al año.
Pese a que hacen actividades similares, cada una tiene su propio local, personal y equipos. Según la naturaleza del servicio o área de producción, estas defienn, de manera separada, un determinado grupo de usuarios amparadas en leyes y reglamentos.
Pero “aún así el ciudadano está desprotegido”, afirma la directora del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), Altagracia Paulino.
Tipo de instituciones
Entre las entidades que defienden a los consumidores figura: la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Centro de Atención al Usuario (CAU), el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor), Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) y la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario).
En tanto, en el ámbito comercial opera la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y la Comisión de Defensa Comercial (CDC).
Aparte de estas, existe la figura del Defensor del Pueblo y organizaciones sin fines de lucro que persiguen el mismo objetivo.
“Hay muchas entidades, pero en todas ellas la burocracia juega a que el usuario desista de su reclamo por cansancio”, denunció Paulino, quien dirigió por varios años Proconsumidor y es asesora del Gobierno en esa materia.
Presupuesto y resultados
Una de las que más dinero recibe es Procompetencia, organismo encargado de garantizar la libre competencia de las empresas, para evitar monopolios y otras prácticas desleales.
En ese tenor, ha recibido RD$455.4 millones en los últimos cuatro años, pero hasta la fecha no ha resuelto ni un solo caso.
Pese a tener seis años de creada, apenas ha tramitado nueve denuncias y ha abierto algunas investigaciones. Sin embargo, su nómina pasó 39 a 62 empleados en los últimos dos años a los que pagan RD$6.6 millones.
“Sólo tenemos seis meses funcionando porque no teníamos director ejecutivo. Fue en enero que se nombró”, justificó a El DÍA la presidenta de esa entidad, Yolanda Martínez, quien afirma que a partir de este año habrá un antes y un después en materia de defensa a la competencia.
Con una tarea similar a Procompetencia está el CDC, comisión que debe ejecutar las investigaciones referente a las Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardias.
Aunque está adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, recibe un presupuesto de RD$66.8 millones, y entre sus logros sólo exhibe la realización de seis estudios sobre adopción de medidas de salvaguardas y tres de “dumping”.
También ha asesorado a productores nacionales investigados en el extranjeros por prácticas desleales.
Defensa al usuario
La DIDA es la que más presupuesto recibe. Este año tiene asignados RD$188.5 millones para promover el sistema de seguridad social, recibir y tramitar las quejas y reclamaciones de sus afiliados.
Con un monto similar, el año pasado ofreció 1.2 millones de asistencias y atendió 27,805 reclamaciones sobre vulneración de beneficios y derechos de usuarios del sector salud; brindó 9,890 consultas de asesorías sobre cobertura médica y aprobó 580 pensiones.
El segundo mayor presupuesto es el de Proconsumidor, con RD$177.6 millones para este año. El DÍA intentó por varios días conocer la cantidad de casos que registra esa entidad y entrevistar a su directora, Anina del Castillo, pero no recibió respuesta de su departamento de Relaciones Públicas.
El objetivo de esta es dar respuestas a las reclamaciones de usuarios víctimas de estafas o malos servicios o calidad de productos, entre otras funciones. Según su portal, ayer atendió 86 denuncias y retornó RD$386 mil en procesos conciliatorios.
Dependencias
Hay tres entidades que funcionan como departamentos y bajo el presupuesto de otras entidades.
Entre ellas está Protecom, de la Superintendencia de Electricidad, que recibe las quejas de los consumidores del servicio eléctrico que están inconformes con la facturación.
Cuenta con 340 empleados y el año pasado recibió 34,349 quejas y ordenó devolver RD$76.8 millones a usuarios.
Asimismo trabaja Prousuario, instancia de la Superintendencia de Bancos que proporciona servicios de atención a las consultas, denuncias y reclamaciones de los clientes bancarios.
En 2015 atendió 998 casos, 41 % de los cuáles resultaron favorables para el consumidor.
Aún así, los consumidores de diversos sectores continúan inconformes.
Necesidad de unificación
“Ante la dispersión de entidades que hacen una labor similar, es necesario crear un código que reuna todas las prerrogativas que están planteadas en las instituciones sectoriales que defienden al consumidor para que realmente responda por ellos”.
Así lo consideró la exdirectora de Proconsumidor Altagracia Paulino, quien precisó que debe haber un sólo organismo que trate la competencia, salud, seguridad social y demás temas de defensa al usuario. “A pesar de que ha habido avance en esa materia, el ciudadano no tiene a dónde ir”, dijo.
Asimismo, Yolanda Martínez, de Procompetencia, destacó que la Ley de Industria y Comercio establece una coordinación y un gabinete que favorece un abordaje más integral del tema.
